*Solicitan que llamen a los entonces funcionarios encargados de la procuración y administración de justicia
Chilpancingo de los Bravo, Gro., 08 de Octubre de 2019.- Padres de normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014, en Iguala, demandaron a las y los diputados de la LXII Legislatura local que llamen a los entonces funcionarios encargados de la procuración y administración de justicia, para que informen las acciones que emprendieron para el esclarecimiento de esos lamentables hechos.
Esto, luego de que en la pasada sesión del Congreso los legisladores acordaron por unanimidad brindar un espacio en el uso de la tribuna a los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos.
En el uso de la palabra, Mario César González Contreras, padre de un normalista, lamentó que a cinco años de ocurrida masacre y desaparición de estudiantes en aquella ciudad de la zona Norte del estado, no se tiene aún información precisa sobre los responsables, mucho menos del paradero de los estudiantes.
Demandó por tanto a los legisladores que llamen a cuentas a la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín, por el extravío de los videos de vigilancia que contienen información sobre lo ocurrido.
También participaron los señores Emiliano Navarrete Victoriano y Cristina Bautista Salvador, quienes solicitaron a la Fiscalía General del Estado información sobre los elementos de la Policía Ministerial que presuntamente participaron en la desaparición de los normalistas.
Asimismo, se pronunciaron porque los legisladores conformen una comisión especial de diputados que coadyuve junto con ellos para conocer lo que realmente pasó ese 26 y 27 de septiembre de 2014, y se castigue a los responsables.
Al final reconocieron que por primera vez -refiriéndose al Ejecutivo federal-, hay una autoridad comprometida que despliega esfuerzos para el esclarecimiento de este caso.
En una segunda sesión, se dio lectura al Acuerdo Parlamentario de la Junta de Coordinación Política por medio del cual se crea la Comisión Especial para el Caso Iguala, con el objeto de coadyuvar a conocer la verdad sobre los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre del 2014.
Tras ser aprobado por unanimidad, rindieron protesta los diputados integrantes de dicha comisión: Celestino Cesáreo Guzmán, Luis Enrique Ríos Saucedo, Leticia Mosso Hernández, Arturo López Sugía, Guadalupe González Suástegui, Heriberto Huicochea Vázquez y Eunice Monzón García.
Entre las atribuciones y facultades de dicha Comisión, están las de reunirse, establecer comunicación, vinculación y coordinación con las autoridades de procuración y administración de justicia, tanto a nivel estatal como federal, en seguimiento puntual a las investigaciones que dichas instancias realicen.
También solicitar y recibir información de los avances logrados, emitir opinión en el ámbito de su competencia y proponer las acciones que correspondan.
Iniciativas
El diputado Marco Antonio Cabada Arias propuso dos iniciativas de reforma a la Constitución Política local, una para adicionar un capítulo a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sobre seguridad y vigilancia al interior del Recinto, y otra a la Ley de Transporte y Vialidad, para que las personas físicas o morales obtengan una indemnización por parte de la administración pública, cuando existan afectaciones a sus vehículos por el mal estado de la carpeta de rodamiento en vialidades, baches, alcantarillas y falta de señalamientos.
Para clarificar las causas de extinción de la instancia en un juicio, el diputado Carlos Cruz López propuso reformas al Código Procesal Civil del estado. Esto podrá ser después de que se realice el emplazamiento y hasta antes de que concluya la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia, y la caducidad no operará si ya se dictó sentencia definitiva; tampoco si está pendiente de emplazarse por medio de exhorto o despacho, o si la falta de emplazamiento o notificación es por alguna causa imputable al juzgador o a alguna autoridad exhortada.
La diputada Leticia Mosso Hernández planteó reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para contemplar como delito la tortura, la cual ameritará prisión preventiva del imputado, como una garantía para su comparecencia en el juicio.
