*Ángel Aguirre Rivero, señaló al gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto de intentar vincularlo como líder de un grupo de la delincuencia organizada tras la desaparición de los 43 alumnos en Iguala; denuncia que le congelaron sus cuentas bancarias por tres años y que hasta la fecha la mayoría de los bancos no le dan servicio; el ex procurador Iñaki Blanco pide juzgar al juez que liberó a implicados en el Caso Ayotzinapa; Vocero de los 43 normalistas muestra preocupación por liberación de involucrados
Chilpancingo de los Bravo, Gro., 17 de Septiembre de 2019.- El ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, señaló al gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto de intentar vincularlo con la delincuencia organizada tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Aguirre Rivero y quien fuera su procurador General de Justicia, Iñaki Blanco Cabrera, cuestionaron las sentencias absolutorias relacionadas con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, emitidas por el juez Primero de Distrito de Procesos Penales, en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos.
Ambos exfuncionarios fueron entrevistados tras participar en una reunión con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, presidida por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, para defender sus respectivas gestiones en el asunto, siendo la de hoy la segunda ocasión en que ambos atienden el llamado de la comisión en la que también participan padres y madres de los desaparecidos.
Aguirre Rivero llamó a “juzgar al juzgador”, en tanto que Blanco Cabrera calificó al juez Ventura Ramos como “pusilánime”.
Acompañado también de sus exsecretarios de Gobierno y de Seguridad Pública, Jesús Martínez Garnelo y Leonardo Vázquez, respectivamente, Aguirre Rivero condenó la actuación del juez Ventura Ramos que emitió las 77 liberaciones, entre ellas la del líder de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, alias “El Cabo Gil”.
“Nosotros hacemos una condena, hay que juzgar al juzgador también. Es la obligación moral del Consejo de la Judicatura citarlo (al juez Ventura Ramos), para que explique cuáles fueron las motivaciones para poner en libertad a estas personas”, señaló el exmandatario, quien renunció en octubre de 2014, tras la desaparición de los jóvenes.
Al señalar que, como parte de la reunión, los exfuncionarios de Guerrero se comprometieron a ampliar sus declaraciones ministeriales ante la Fiscalía General de la República (FGR), Aguirre consideró que, a unos días de cumplirse cinco años de la desaparición de los jóvenes, la situación ha empeorado.
“¿Sirvió de algo mi renuncia ante esos acontecimientos? Han transcurrido casi cinco años, hoy parece que el asunto permanece igual o en peores condiciones”, dijo el exgobernador al señalar que como mandatario hizo lo que estaba en sus manos.
Reprochó que, en el sexenio pasado, no fue recibido por el expresidente Enrique Peña Nieto para conocer su versión, así como que durante la gestión de Jesús Murillo Karam al frente de la Procuraduría General de la República (PGR), no se permitió a la Procuraduría encabezada por Blanco Cabrera coadyuvar en las investigaciones.
En cuanto a la llamada “verdad histórica”, Aguirre Rivero consideró que “hay muchas cosas que se están desvaneciendo en ese sentido”, y criticó que, en su momento, en el gobierno de Peña Nieto “no dimensionaron la magnitud de esa tragedia que cobró no sólo presencia nacional, sino también a nivel internacional.
A casi cinco años de distancia de los hechos, Aguirre Rivero urgió a establecer la identidad de quien la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) identificó como “El Patrón”, quien sería el autor intelectual de la desaparición de los 43, y solicitó localizar las actas del Grupo de Coordinación Guerrero, “en donde participábamos diversas instancias de carácter local y federal y se dejó constancia cuál fue la actuación de cada una de estas instancias”, documentos que se comprometió a localizar el subsecretario.
EXIGEN REVISAR RESOLUCIÓN DEL JUEZ QUE ORDENÓ LIBERAR A IMPLICADOS EN CASO AYOTZINAPA
El exprocurador de Guerrero, Iñaki Blanco resaltó que los 33 policías municipales de Iguala y Cocula, a los que consignó como responsables materiales de los hechos, siguen su proceso, al igual que el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y quien era su secretario de Seguridad, Felipe Flores.
Al sostener que los detenidos por la procuraduría guerrerense no adujeron tortura ni malos tratos, en defensa de su gestión, Blanco Cabrera señaló que durante el tiempo que tuvo la indagatoria, algunos de los detenidos refirieron que los jóvenes “fueron privados de la libertad y ejecutados, pero eso no se corroboró; fueron ellos (los funcionarios de la PGR) quienes determinaron que habían terminado en el basurero de Cocula”.
Sobre la resolución del juez Ventura Ramos, el exfuncionario cuestionó que haya desestimado elementos como las transcripciones de las intervenciones de la DEA, que en la primera parte de la indagatoria que correspondió a la procuraduría a su cargo, se estableciera de forma breve la estructura y modus operandi de la organización criminal Guerreros Unidos, así como que en la recomendación de la CNDH se haya establecido que había “testimonios limpios no afectados por tortura”.
Para Blanco Cabrera, la resolución del juez, tendría que ser revisada porque debió ordenar la reposición del proceso, pero en cambió se comportó “poco profesional, poco serio y pusilánime”.
PEÑA NIETO INTENTÓ VINCULARME CON LA DELINCUENCIA: AGUIRRE
Posteriormente, en entrevista para Radio Fórmula con Ciro Gómez Leyva, el ex mandatario dijo que el priísta se negó a escuchar su versión de lo que sucedió la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, y acusó al ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón de Lucio, de querer encarcelarlo por el caso Iguala.
“Peña Nieto siempre se negó a escuchar mi versión de los hechos, nunca me dio la oportunidad. Tomás Zerón se empecinó en relacionarme con la delincuencia organizada…Obviamente que yo no puedo ser tan ingenuo en no pensar que la intención por parte en ese momento de la Procuraduría era encarcelarme”, afirmó.
Asimismo denunció que la administración de Peña Nieto le congeló sus cuentas bancarias por tres años y que hasta la fecha la mayoría de los bancos no le dan servicio, además de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lo investigó “no cinco años atrás, sino 20, lo cual es ilegal”.
“Lo que hizo la unidad de inteligencia financiera, Carlos Alberto Bazbaz, fue también construirnos una serie de vínculos de lavado de dinero, obviamente ordenaron el bloqueo de nuestras cuentas de los bancos, no solo para mi persona, sino para toda mi familia”, indicó.
“Yo tengo testimonios donde la oficina de Bazbaz me señala a mí como jefe de uno de los grupos de la delincuencia organizada en el estado de Guerrero”, agregó, y pidió que se investigue la actuación del ex funcionario.
VOCERO DE LOS 43 MUESTRA PREOCUPACIÓN POR LIBERACIÓN DE INVOLUCRADOS
El vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, Felipe de la Cruz, afirmó que es preocupante que hayan liberado a 24 policías investigados en este crimen.
“Nosotros quisiéramos saber por qué se están dando estas liberaciones si todavía no se ha resuelto el caso, pues permanece en un proceso judicial a cargo de un juez”, afirmó De la Cruz.
Consideró que en lugar de que las investigaciones avancen, hay un retroceso ante estas omisiones del poder judicial.
Este fin de semana 24 policías de Iguala involucrados en la desaparición fueron liberados; hace 15 días también salió de la cárcel Gildardo López Astudillo. (Redacción OBJETIVO Diario)
