*Es necesario abrir una comisión de carácter penal que investigue la desaparición de los 43 normalistas, pide el Centro Prodh
Chilpancingo de los Bravo, Gro., 29 de Noviembre de 2018.- José Trinidad Larrieta, titular de la Oficina especial para el caso Iguala, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), habló este jueves sobre el informe de dicha comisión que indica que por lo menos 19 personas fueron incineradas en el basurero de Cocula.
Al ser entrevistado, por una programa de radio nivel nacional, señaló que se detectaron violaciones a los derechos humanos durante las investigaciones en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Señaló que el trabajo de la CNDH sobre el caso Iguala fue profundo y profesional y se detectaron violaciones a los derechos humanos por acciones u omisiones de autoridades de los tres niveles de gobierno. Explicó que la CNDH se planteó hacer una investigación en tres grandes rubros: antes de los hechos, durante éstos y finalmente una evaluación de las autoridades.
Aseguró que la primera autoridad que tuvo conocimiento de los hechos en Iguala fue la PGR, que además tiene oficinas muy cercanas a uno de los lugares de los hechos. El funcionario sentenció que la PGR no hizo, en ese momento, absolutamente nada y que el Ministerio Público debió trasladarse de inmediato al lugar de los hechos.
A ese momento que se estaban dando los hechos todavía no estaban desaparecidos los normalistas de ese grupo que estaba siendo sustraído del autobús…”, dijo. Insistió en que la PGR tuvo conocimiento de los hechos y que pudo actuar conforme a la ley.
“Uno puede pensar que esos hechos que se dieron después había la posibilidad quizás de que no ocurrieran”, manifestó.
Añadió que incluso la PGR dio intervención a la Policía Ministerial Federal y a la Policía Federal para que investigaran y realmente no hay ninguna investigación. Insistió en que hubo violación a los derechos humanos durante la investigación, así como omisiones importantes. Señaló que la Policía Municipal de Tepecoacuilco también tuvo participación en la investigación, algo que nunca se había revelado.
Uno ve a nivel municipal cómo es el nivel de cooptación y además la operación organizada de todas estas Policías para acudir a un llamado porque lo que estaban pensando es que los que estaban entrando a la ciudad de Iguala era un grupo criminal opositor. Y a nivel estatal, omisiones que también se detectan por parte de la Policía estatal en donde, bajo el pretexto de que no tenían personal suficiente, en lugar de atender esta contingencia hay órdenes para decir: ‘mejor resguarda el cuartel y mejor resguarda el centro de reclusión’”.
José Trinidad Larrieta añadió que hay órdenes específicas, incluso del propio secretario de Seguridad Pública, de mejor no actuar en ese momento. Añadió que, sin embargo, algunos policías sí actuaron, pero hicieron mal las cosas porque participaron en los ataques en contra de los estudiantes.
SUGIERE CNDH QUE SE INVESTIGUE AL INTERIOR DE LA NORMAL
Admitió que la CNDH también sugiere que se investigue al interior de la Normal de Ayotzinapa que, si bien cuenta con una gran tradición, pudiera no estar sustraída de la penetración del narcotráfico, pero no como institución, sino a nivel de las personas.
Explicó que en dicha Normal había un problema de adicción y había algunas personas muy identificadas, dentro de los liderazgos de los estudiantes, y lo que la CNDH desea es que se investigue esto. Subrayó que los estudiantes desaparecidos fueron usados pues eran de nuevo ingreso e “inocentes” y se les engañó diciendo que se iba a hacer un boteo, el cual nunca se hizo.
Explicó que durante el análisis, la CNDH advirtió que una señora que iba en uno de los autobuses decidió bajarse porque se percató de que había gente armada y dio aviso a Guerreros Unidos. “De ahí pareciera que se desata la paranoia dentro de todos estos grupúsculos dentro de Iguala y entonces empiezan a operar”.
El titular de la Oficina especial para el caso Iguala, de la CNDH, agregó que todas las autoridades que tenían representación en el C4 estaban enteradas de que los estudiantes venían y llegaron. Sobre la manipulación de evidencias, dijo que a partir del punto de vista criminalístico hay una indebida explotación del lugar de los hechos.
Aseguró que los antropólogos no fueron escrupulosos y cometieron una serie de errores. Agregó que en esas acciones participaron peritos de la PGR y del equipo argentino de antropología forense, quienes en un principio tenían una función de auxiliares, aunque después la PGR les entregó la investigación a éstos.
Explicó que la CNDH armó su propio equipo pericial interdisciplinario y que lo que solicita en estos momentos es los restos óseos que corresponden a 19 personas, en el basurero de Cocula, sean analizados de manera profesional para determinar si pueden o no corresponder con los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, dijo.
NECESARIO ABRIR COMISIÓN PENAL QUE INVESTIGUE EL CASO AYOTZINAPA
Es necesario abrir una comisión de carácter penal que agote todas las líneas de investigación para llegar a la verdad, como lo determinó un tribunal federal de Reynosa, Tamaulipas, dijo Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh).
La mañana de ayer, en un noticiero a nivel nacional, Mario Patrón, en entrevista dijo que el reciente informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, refrenda la necesidad de abrir una comisión de carácter penal que agote todas las líneas de investigación para llegar a la verdad.
Esto luego que solo falta un día de que concluya la administración de Enrique Peña Nieto, la CNDH presentó una serie de recomendaciones a autoridades de los tres niveles de Gobierno por la desaparición de los estudiantes y por la forma en que se llevó a cabo la investigación.
Con base en el análisis de cinco informes y 26 dictámenes de la Procuraduría General de la República (PGR), la CNDH determinó que en el basurero de Cocula sí hubo incineración de cuerpos y que al menos dos policías municipales habrían estado presentes. Además, exigió el análisis genético de 93 restos óseos.
Mario Patrón rechazó que el informe de la CNDH apoye la “verdad histórica” y consideró que es un trabajo muy relevante que aporta varios elementos. Donde la primera conclusión es que es necesario cumplir la “sentencia de Reynosa” para que se cree una comisión de investigación de carácter penal para llegar a la verdad. Además, dijo, la CNDH concluye que la verdad del caso Iguala no está dicha y solo agotando todas las líneas de investigación se conocerá esa verdad.
En relación, al basurero de Cocula, Mario Patrón señaló que no es información nueva y que el equipo argentino de antropología forense refirió en su informe, en 2016, que detectaron huesos de 19 individuos, pero podrían no ser de los normalistas. Además, señaló que la CNDH pide profundizar esa línea de investigación con periciales vinculadas a ADN, para reafirmar o descartar esa evidencia. “Mi perspectiva es que no se revive la verdad histórica”.
Mario Patrón enfatizó que es claro y contundente que no pudieron llegar a ese basurero los 43 estudiantes, que eso no es científicamente sostenible.
Sobre el incendio en el basurero de Cocula, recordó que hay estudios de subsuelo y análisis de datos satelitales que refirió en su momento el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), pero recalcó que existe una discusión técnica y eso reafirma la necesidad de abrir una comisión de carácter penal que agote todas las líneas de investigación, conformada con base en principios de independencia, imparcialidad y autonomía.
Dijo que el informe de la CNDH reafirma que, con o sin basurero de Cocula, no se explica la totalidad del caso Ayotzinapa y se expone que hubo dos grupos de desaparición, cuando la teoría de la llamada ‘verdad histórica’ habla de un solo lugar, una sola ruta de desaparición y un solo lugar de destino final.
Sobre cuándo podría ser creada la comisión investigadora, Mario Patrón añadió que tienen una cita confirmada el próximo lunes 3 de diciembre en Palacio Nacional y se les ha dicho que Andrés Manuel López Obrador, emitirá un decreto para el acceso a la verdad en el caso Ayotzinapa. Detalló que ese día todavía estará en funciones la Procuraduría General de la República (PGR) y eso indicaría que se podría abrir la comisión investigadora en el seno de esa institución.
En este mismo tema, que recordó que en septiembre, AMLO se reunió con algunos padres de los normalistas desaparecidos y alcanzaron tres acuerdos: crear una Fiscalía especial para investigar la verdad del caso, la creación de un mecanismo de coordinación política para que la voluntad del presidente electo de llegar a la verdad baje a toda la administración pública y no se obstaculice la investigación y el regreso de las instancias técnicas internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) para asistir técnicamente esta nueva investigación.
Por último, dijo que tienen confianza en el anuncio que López Obrador podría hacer el lunes 3 de diciembre y que se concreten estos acuerdos, concluyó. (Por Baldemar Gómez)
