Editorial
Desde el gobierno de Enrique Peña Nieto se creó una Fiscalía Anticorrupción que en el ámbito federal, estatal y municipal denuncie y “evite” prácticas corruptas de cualquier autoridad, como si la corrupción en sí misma fuere el efecto y no la causa o el “mediante” de tantos abusos que se cometen a diario en el País. Con su creación, se materializó una nueva y costosa estructura que supuestamente supervisa y combate lo que nuestras autoridades se supondrían deben hacer: su trabajo bien y a la primera. Sin embargo, hoy con el gobierno de la Cuarta Transformación, además de que por la pandemia no está la economía para malgastar el recurso del gasto corriente, ¿qué no tenemos un sistema legal y judicial suficiente para atender este problema? Si la respuesta es no, entonces vayamos revisando y trabajando por una verdadera reforma legal y judicial integral que resulte eficaz para afrontar y castigar, por sus causas mismas, cualquier infra a las leyes. De lo contrario, solamente estaremos malgastando los recursos de todos los mexicanos.
