*El diputado Marco Antonio Cabada presentó una iniciativa de reformas al Código Penal del Estado
Chilpancingo de los Bravo, Gro., 22 de Noviembre de 2019.- El diputado Marco Antonio Cabada Arias presentó una iniciativa de reformas al Código Penal del Estado para castigar de uno a tres años de prisión y de 150 a 300 días de trabajo a quien discrimine por razones de lenguaje y modificaciones corporales, y atente contra la dignidad humana, anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas.
Actualmente, el artículo 204 bis del Código Penal del Estado prevé el delito de discriminación por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, etc., pero no incluye la discriminación por lenguaje y modificaciones corporales.
Cabada Arias dijo que es necesario realizar esta reforma para respetar las subculturas, a través de mecanismos que permitan que los grupos vulnerables desarrollen y difundan sus propios lenguajes, sus vocabularios, acentos, formas de autodenominarse, y con ello hacer valer sus derechos y lograr su empoderamiento.
El legislador de Morena expuso que la lengua y el lenguaje son términos distintos, pero suelen confundirse: “la lengua es el conjunto de signos y el lenguaje es la capacidad para comunicarse, pero genera tipos de discriminación cuando un grupo de hablantes, separados por diferencias de clase, género, edad u otros rasgos, desarrollan códigos con interpretaciones distintas (algunas veces semejantes, otras veces muy distintas) sobre aspectos particulares del mundo, sobre todo de su entorno social, creando vocabularios con palabras diferentes”.
Por eso –dijo-, respetar el lenguaje y las modificaciones corporales como un medio de comunicación de un sector de la sociedad, coadyuvará a que se aprendan las ideas sociales de su círculo, sus normas, valores y actitudes, circunstancias con las cuales se abolirían las prácticas de exclusión social.
Esta propuesta de reforma al Código Penal del Estado de Guerrero fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.
