*Busca prevenir y reducir las muertes, lesiones y discapacidades ocasionadas por accidentes de tránsito, informa López Sugía
Chilpancingo de los Bravo, Gro., 20 de Agosto de 2019.- El Congreso del Estado aprobó por unanimidad un exhorto a la Cámara de Senadores para que agilice el proceso legislativo relacionado con la Ley General de Seguridad Vial, misma que busca prevenir y reducir las muertes, lesiones y discapacidades ocasionadas por accidentes de tránsito, así como la ordenación y regulación del sistema de seguridad vial en el país.
Esto a través de un Acuerdo Parlamentario propuesto por el diputado Arturo López Sugía, donde se señala que el pasado 30 de abril los senadores Patricia Mercado y Martí Batres presentaron una Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide dicha la Ley, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Zonas Metropolitanas y Movilidad, Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda y de Estudios Legislativos, y de la que hasta la fecha no se ha presentado el dictamen.
En el documento argumenta que en esta entidad como en el país, la mortalidad que representa la mala ordenación vial va en aumento, ya que tan sólo en Guerrero, en el 2017, se registraron 63 muertes y 128 heridos a causa de accidentes viales, lo que es simplemente inaudito.
“El error ha sido del Estado, al no contar con un proceso de educación social idóneo que inhiba desde la percepción de los mexicanos a exponerse a accidentes de tal naturaleza. Por eso se debe transformar la realidad social en la que vivimos, al contar con instrumentos normativos que regularicen y orienten de forma estricta y segura el actuar y desempeño vial, con la finalidad de proteger tanto las libertades como la vida de los mexicanos que a diario se ven afligidos por este tipo de accidentes”, agrega.
Dicho ordenamiento tiene por objeto establecer una coordinación entre la Federación, estados, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para prevenir y reducir al máximo las muertes por accidente de tránsito. Por ello su inclusión al sistema jurídico mexicano es de suma urgencia, tomando en consideración las cifras antes referidas.