Editorial
Desde la reforma político-electoral del año 2014, se permite que el Instituto Nacional Electoral (INE) sancione como delito las conductas de candidatos, ciudadanos o instituciones que llamen a los electores a no votar por un aspirante o partido político o coalición. El castigo es de 50 a 100 días de salario de multa y de seis meses a tres años de cárcel. Si bien se puede argumentar que es una obligación de los ciudadanos ejercer el voto, también se les debe aclarar a los políticos que es su responsabilidad ofrecer buenas candidaturas y demostrar que la confianza que los electores les otorgaron la deben hacer valer con acciones que beneficien al pueblo. Cuando la clase política no ofrece estas garantías, los ciudadanos no están obligados a regalar su voto. Llamar a no votar también es una expresión legítima cuando no hay candidatos que satisfagan a los ciudadanos. Cuando se castiga esta expresión también se castiga la libertad y derecho que toda persona tiene a expresarse.
