Por Pedro Meugniot
Esta semana Iván Arias y Adrián Garza, directores del área de Estudios Económicos de Citibanamex, presentaron un estudio con el que ponen los puntos sobre las íes respecto al tiempo que tardará la recuperación económica en esta cruenta crisis.
El PIB regresará al tamaño que tenía en 2019 hasta 2025, el nivel del empleo se recuperará en 2023 y peor aún el pírrico ingreso per cápita de 9,900 dólares del país, se retomará hasta el 2030, o sea otra década perdida.
Un rubro indicativo de la problemática es el de la construcción. Tras caer 5% el año pasado, los expertos de la CMIC que preside Eduardo Ramírez Leal, proyectan que el descenso en este 2020 se ubicará entre 10% y hasta 15% con la consecuente afectación a 2,500 micros, pequeñas y algunas medianas empresas.
Más allá de la pandemia, la situación se ha agravado por la caída de la inversión pública. Hay también cambio de reglas en las asignaciones de obras para evitar corrupción y peor aún subejercicios. Hay partidas donde la asignación prevista no llega al 30 por ciento. Ya desde ahora tras de que la SHCP de Arturo Herrera presentó el presupuesto 2021 no hay mucha esperanza de una recuperación. Lo asignado a la inversión productiva es inercial y por ende insuficiente. El grueso se lo quedan las grandes obras como el Tren Maya, Santa Lucía o Dos Bocas.
La CMIC, con el apoyo del CCE de Carlos Salazar y Concamin de Francisco Cervantes no ha quitado el dedo del renglón para que a través de foros permanentes se discuta el impulso de diversos proyectos, no sólo en el sureste, sino en todo el país. Dada la escasez de recursos públicos la idea es destrabar obra con el acompañamiento de la IP vía APP o fórmulas autofinanciables para sumar a inversionistas.
El propio Ramírez Leal plantea que el contacto entre gobierno e IP debe ser continuo para que los proyectos evolucionen de la fase técnica y se hagan realidad.
La CMIC ya entregó a la Conago de Juan Manuel Carreras un documento con 274 proyectos que son urgentes. También se han tenido pláticas con algunos de los 10 gobernadores que dejaron esa agrupación para tratar de dinamizar obra. De hecho, 50 de estos podrían ser la base del plan de infraestructura que debe anunciar pronto el presidente Andrés Manuel López Obrador y que se ha retrasado porque aún lo analiza la SHCP.
COMO QUIERA, GRIS HORIZONTE PARA LA CONSTRUCCIÓN; CON PÉRDIDAS 14 BANCOS Y BANAMEX OTRO GOLPE
En la medida en que transcurran los meses la crisis será más palpable en la banca. La CNBV de Juan Pablo Graf dio a conocer los números de julio. El crédito apenas creció 1.3% real. El de las empresas 4% e hipotecario 5.2% con grandes dudas de que pueda mantener el paso, en tanto que el crédito al consumo ya trae una baja del 8.2%, sumándose al terreno negativo los créditos de nómina, a tarjeta y préstamos personales. Las utilidades cayeron 33% y hay 14 bancos que arrojaron pérdidas, entre ellos Compartamos de Carlos Danel, Autofin de Juan Antonio Hernández, Finterra de Mark McCoy, así como Accendo, Forjadores y ABC. Entre los grandes Citibanamex de Manuel Romo fue el que tuvo la mayor caída de sus utilidades, por segundo mes, con 54%, seguido de Scotiabank de Adrián Otero con 42.9 por ciento.
CONAGO EL MARTES CON HERRERA PARA PACTO
Conforme al script la debilitada Conago de Juan Manuel Carreras ya convocó a la reunión de trabajo programada con el titular de SHCP Arturo Herrera para tratar de realizar ajustes al Pacto Fiscal. No será hoy, sino hasta el martes 22 de septiembre en Palacio Nacional. Junto con Claudia Sheinbaum estarán el resto de los gobernadores. El martes ya hubo un encuentro de avanzada de los funcionarios fiscales. Veremos si concretan.
ESPECTRO ENCARECIDO PARA 5G
El espectro radioeléctrico es un recurso esencial para la transmisión de las comunicaciones móviles (voz y datos) que hoy se encuentran en la víspera de evolucionar a una nueva generación de capacidades y velocidades de transmisión, la 5G.
En días recientes, se dio a conocer una iniciativa de la SHCP para actualizar y establecer nuevas cuotas anuales por el uso y explotación del espectro radioeléctrico en las bandas de 600 MHz, 800 MHz, 1,500 MHz y 3.5 GHz. Precisamente, estas bandas son fundamentales para el desarrollo de redes 5G.
La propuesta de reforma a la Ley Federal de Derechos contempla un alza de 56.5% en las cuotas anuales aplicables a diferentes bloques correspondientes a la banda de 800 MHz y propone la creación de erogaciones para bandas que no estaban sujetas a este régimen de pago de derechos. Todo, por arriba de los estándares internacionales para las mismas bandas.
Recurso esencial para los operadores. De aprobarse esta iniciativa, se estaría encareciendo la estructura de costos para el despliegue de 5G para los operadores de telecomunicaciones móviles, quiénes ya desde hace mucho tiempo han denunciado como desmedida la política recaudatoria del Estado, por un insumo esencial para sus operaciones.
Incluso esta ha propiciado la devolución de espectro por parte de Movistar, quien han optado mejor por no contar con espectro y mejor adquirir capacidades de otros jugadores para proveer servicios.
No obstante, al ser parte de la función de producción, será inevitable para los operadores móviles desembolsar más recursos para hacerse de este recurso esencial y acceder a sus capacidades que se suma a la pesada estructura impositiva que tienen que enfrentar para ofrecer servicios en el mercado.
Consecuentemente, se anticipa un alza en los precios finales de estos, resultante del aumento en costos, a pesar de las eficiencias generadas por el despliegue de una nueva generación de redes.
Inelasticidad de la demanda por conectividad móvil. En la actualidad, el uso intensivo que hacemos de conectividad móvil para fines sociales, profesionales, educativos, informativos, de entretenimiento y mucho más, resulta para nosotros, los consumidores en que nuestra función de demanda por estos servicios sea crecientemente inelástica.
Es decir que, ante aumentos en sus precios, no podremos bajar nuestra cantidad demandada de esos servicios. Las estadísticas muestran que, como usuarios, hoy preferimos recortar el gasto en otros bienes y servicios, que prescindir de nuestra conectividad móvil.
Este evidente acto de desesperación fiscal, resultará simultáneamente en afectaciones para los consumidores en términos de pérdidas en el bienestar social a partir del alza (injustificada) de precios de los servicios móviles, resultante del encarecimiento en términos de la estructura de costos de los operadores móviles para el despliegue de redes 5G.
Así, el gobierno actual ha entrado en una franca contradicción, al prometer mayor bienestar entre la población y acceso universal a las telecomunicaciones, a la vez que propone una onerosa política fiscal para la conectividad de nueva generación.
Si efectivamente el gobierno de la 4T busca alcanzar el escenario de cobertura universal, se requiere promover por todos los medios el despliegue y desarrollo de más y mejor infraestructura que alcance a todos los rincones del país, con mejoradas capacidades de conectividad para el aprovechamiento eficaz del acceso a sus herramientas y aplicaciones.
He aquí la promesa de 5G que hoy enfrenta barreras a su materialización al quedar supeditada a fines recaudatorios.
