*Lamentan la disminución al presupuesto destinado al desarrollo productivo de parte del actual gobierno federal
Chilpancingo de los Bravo, Gro., 04 de Agosto de 2020.- Organizaciones campesinas de Guerrero advirtieron que estallará en el sector agrícola de Guerrero una situación de empobrecimiento, agravamiento de las desigualdades, violencia y hambruna «no vistos en décadas», a raíz de la crisis económica y de salud pública por la pandemia del Covid-19.
Ante lo anterior, urgieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno ejecuten un plan económico y social para evitarlo, y convocaron a las distintas fuerzas campesinas y sociales a una convención para el mismo fin.
Este martes se constituyó la Alianza Fuerza Guerrerense Campesina y Popular, la cual está integrada por alrededor de 30 organizaciones campesinas y sociales, que exigen la puesta en marcha de un plan emergente que impulse las actividades productivas en la zona rural de este estado suriano.
Se trata de las organizaciones Antorcha Campesina, la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos (LCASC), Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas y Autónomas (UNORCA), Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), entre otras, que han acusado que el gobierno les ha cerrado las puertas para acceder a los programas públicos.
Realizaron un pronunciamiento público en la estatua de Emiliano Zapata, en el centro de la ciudad, y leído por el coordinador del Foro Permanente de Organizaciones Sociales, Daniel Mora Magallón, las agrupaciones aseguraron que el campo del estado enfrenta la peor crisis registrada a lo largo de su historia, y que a ello se suma la disminución al presupuesto destinado al desarrollo productivo de parte del actual gobierno federal.
«Y por si esto fuera poco, a ello se suman los efectos de la pandemia que azota a la población, que además de ser un grave problema de salud, también ocasiona un daño tremendo a la economía del país y en particular de los productores del campo», agregaron.
Indicaron que la actual contingencia ha provocado una considerable baja del consumo local y el alza descontrolada del precio de los insumos para la producción, además de una quiebra económica de los pequeños y medianos productores, principalmente de los de Guerrero.
Aun cuando resaltaron que este posicionamiento no tiene como fin confrontar al presidente Andrés Manuel López Obrador, acusaron que este «ha dejado solos y a su suerte a los campesinos» y que los pocos recursos gubernamentales están enfocados al asistencialismo, «que es similar a las dádivas electorales que venían dando los gobiernos anteriores».
Remataron: «además, dichos programas se están manejando con opacidad, con exclusión y clara orientación electorera. Los limitados recursos destinados a la inversión productiva en los programas ‘Crédito ganadero a la palabra’, ‘Sembrando vida’, ‘Precios de garantía’ y ‘fertilizantes'».
Lo anterior surge ante las constantes acusaciones y denuncias formales que ha habido en contra del delegado del gobierno federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, sobre el presunto uso de los programas sociales con fines electorales.
En el comunicado, las organizaciones campesinas advirtieron que esta crisis económica y de abandono gubernamental estallará en el sector agrícola de Guerrero una situación de empobrecimiento, agravamiento de las desigualdades, violencia y hambruna «no vistos en décadas».
Esto, dijeron, alcanzará incluso a las ciudades y a todo el país, si no se reactiva la producción alimentaria local y no se controla la pandemia.
Ante ello, urgieron al Poder Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión se apruebe un plan económico y social para enfrentar esta crisis económica y de salud pública y con ello evitar una crisis mayor en el sector agrícola.
También convocaron a las fuerzas campesinas y sociales realizar una convención para presentarle a los tres niveles de gobierno una lista de demandas para el desarrollo del campo, entre las que destacan: apoyar «con paquetes tecnológicos a los productores rurales, como una forma de compensar el alza en los precios de los insumos para la producción».
Además, exigirán que se universalicen los programas sociales para todo el sector del campo y se detenga el desmantelamiento de las dependencias cuya función es atender al campo, como es el caso de la Sader, Financiera Nacional, Instituto Nacional Indigenista, entre otras peticiones.
