Editorial
Desde agosto del año 2014 el Código Penal de la Ciudad de México establece, que se castigará hasta con dos años de prisión a las personas que incurran prácticas de cobranza ilegítima. También se contempla el cobro de hasta 300 días de salario mínimo. Sin duda fue un gran acierto que se haya aprobado esa ley, porque este tipo de prácticas son abusivas. Sin embargo, 6 años después vemos que estas prácticas siguen y lo peor es que los principales fomentadores de esto son los bancos, que imparten cursos a sus trabajadores para que sepan cómo crear terror en los deudores. Los amenazan con argumentos falsos de que los embargarán o los meterán a la cárcel. Además, las entidades bancarias dan incentivos a sus trabajadores si logran hacer que la gente pague por la vía ilegal. Esto solo resulta en un deseo salvaje de hacer pagar a la gente. Ojalá nuestros legisladores locales se pongan las pilas y pronto esto pueda estar tipificado en el Código Penal de Guerrero, porque con la pandemia, varios correrán a endeudarse.
