*El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló la reducción del presupuesto a partidos políticos en Tabasco, lo que deja un precedente jurídico para las demás entidades y pone en riesgo la intención de Morena de reducir un 50% el financiamiento a partidos; de acuerdo a estimaciones del IEPC, los siete institutos políticos con registro estatal se distribuirán unos 141 millones de pesos en prerrogativas en el año 2020; las elecciones pasadas en la entidad tuvieron un costo de más de 28 mil 108 MDP
Por Rangel Ventura
Chilpancingo de los Bravo, Gro., 07 de Noviembre de 2019.- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló la reducción del presupuesto a partidos políticos en Tabasco, aprobada en septiembre pasado por el Congreso de esa entidad, por lo que la intención de la fracción de Morena que se ha pronunciado por disminuir ese rubro en Guerrero podría verse afectada al existir ya un precedente jurídico
El pasado 2 de octubre de 2018, el entonces diputado y hoy Delegado federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, presentó una iniciativa para reducir en un 50 por ciento el financiamiento público de los partidos políticos en esta entidad, por considerar que los recursos que se les asignan son exorbitantes.
En esa ocasión propuso modificar la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado para disminuir en un cincuenta por ciento el monto de asignación de recursos a los institutos políticos.
Al presentar al Pleno su iniciativa, Amílcar Sandoval recordó que la pasada elección tuvo un costo aproximado de 28 mil 108 millones 527 mil 986 pesos, de los cuales se fueron a los partidos políticos seis mil 702 millones 973 mil 351 pesos, de acuerdo con datos del INE y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.
Cabe detallar que La Ley se señala que, para determinar el monto anual para los partidos políticos locales y nacionales, se debe multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de la entidad, con corte a julio de cada año, por el 75 por ciento de la Unidad de Medida y Actualización, lo que corresponde al 70 por ciento del financiamiento anual a los partidos políticos para sus actividades ordinarias y permanentes.
De esta manera, tomando en cuenta la fórmula antes mencionada y con un corte al 31 de enero de 2019 del padrón electoral del IEPC -que es de dos millones 520 mil 221 ciudadanos-, lo que les corresponderían a los partidos políticos es la exorbitante suma de más de 141 millones de pesos.
La iniciativa plantea que la multiplicación se haga por el 32 por ciento, con lo que se disminuiría a la mitad el monto de asignación de recursos a los partidos políticos.
PARTIDOS RECIBIRÁN MÁS PRESUPUESTO QUE ESCUELAS Y MUSEOS EN GUERRERO
De acuerdo a estimaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), los siete partidos políticos con registro estatal se distribuirán unos 141 millones de pesos en prerrogativas en el año 2020.
En Guerrero, la cifra total que se destina por ley a los institutos políticos, supera por mucho al que reciben institutos, como el Tecnológico de la Costa Chica y Montaña, o como la Universidad Intercultural.
En pleno debate sobre la iniciativa reducción del 50 por ciento de financiamiento a los institutos políticos, como lo ha propuesto Morena, existen resistencias de algunos partidos como el de la Revolución Democrática (PRD).
La Avispa Museo Interactivo, la Escuela de Parteras Profesionales de Guerrero, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, reciben en escala, menos de 29 millones de pesos.
El debate en torno a la reducción de prerrogativas de los partidos, se discute a nivel nacional, y hasta ahora es considerada como una propuesta arriesgada por el Instituto Nacional Electoral (INE).
EL PRECEDENTE JURÍDICO PODRÍA EVITAR QUE SE REDUZCA PRERROGATIVAS A PARTIDOS
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el máximo tribunal del país, canceló la reforma al artículo 9 de la Constitución de Tabasco, impulsada por Morena, con la que se pretendía reducir hasta en 50% las prerrogativas a partidos políticos, sin importar si su registro era local o federal.
El proyecto fue presentado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, basado en las acciones de inconstitucionalidad 100/2018 y acumuladas 102/2018, 103/2018 y 104/2018, promovidas por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Verde Ecologista de México (PVEM).
“El problema radica en que erróneamente, sin tomar en cuenta las reglas previstas explícitamente al respecto, la norma impugnada reduce a la mitad el financiamiento a los partidos políticos, para sus actividades ordinarias permanentes”, señaló el ministro.
Sobre este aspecto, añadió, la Constitución y la ley prevén factores de determinación del financiamiento púbico que no pueden ser modificadas por las entidades federativas.
De manera unánime, los ministros de la SCJN coincidieron con Gutiérrez Ortiz Mena en que los estados no tienen libertad configurativa absoluta para reglamentar el financiamiento público que les corresponde a los partidos políticos locales.
La Corte recordó que, si bien los estados tienen cierta libertad configurativa para regular el financiamiento público estatal para los partidos políticos nacionales, en el caso del financiamiento de partidos locales, relativo al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, deben someterse a lo dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos, que establece detalladamente la forma de calcular dicho financiamiento.
Esta situación pone en jaque a la intención de la fracción de Morena en el Congreso local para reformar la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado para disminuir en un cincuenta por ciento el monto de asignación de recursos a los institutos políticos, ya que de aprobarse los partidos opositores podrían recurrir a la SCJN y echar abajo esta iniciativa.
Cabe señalar que la iniciativa para reducir 50 por ciento el financiamiento público a los partidos políticos avanzó el pasado 30 de octubre en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión al ser aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales con una apretada votación.
A favor, Morena y Encuentro Social sumaron 17 votos, mientras los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), del Trabajo (PT), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) alcanzaron 14 en contra. (Por Rangel Ventura)
