Editorial
La RAE define la extorsión como un delito que consiste en obligar a una persona, a través de la utilización de violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto jurídico o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o bien del sujeto pasivo. Este delito se configura en ocho de los 15 ediles que conforman el Cabildo Plural del Honorable Ayuntamiento de Chilpancingo, que el pasado fin de semana hicieron vacío en el Primer Informe de Labores del presidente, Toño Gaspar Beltrán. Desde que comenzó el 1 de octubre pasado, los ediles –la mayoría de Morena- han estado presionando al alcalde para que les suelte dinero a manos llenas como si el erario público fuera un botín. Es una aberración condenable que los que hoy tienen un cargo de elección popular en la comuna, en lugar de servir a las mayorías, se están sirviendo con el voto de las mayorías. El tiempo juzgará políticamente a los ocho ediles, que pronto se convertirán en un fraude para los que votaron por ellos en las elecciones del 1 de julio del 2018.
