*Se ha tipificado el delito de Desplazamiento Forzado Interno, informa el diputado federal Rubén Cayetano
Chilpancingo de los Bravo, Gro., 18 de Marzo de 2019.- El diputado federal por Guerrero del partido Morena, Rubén Cayetano García, dijo que mientras no se sepa qué pasó con los 43 normalistas de Ayotzinapa, no habrá autoridad moral para impartir justicia en México.
En conferencia de prensa, el legislador del distrito 08 de Costa Chica e integrante de la Subcomisión de Ayotzinapa, Desplazados y Desaparición Forzada, dijo que se ha tipificado el delito de Desplazamiento Forzado Interno en la Comisión de Justicia, una vez que, se suba a pleno pasara al Senado de la República para su trámite legislativo y entrada en vigor.
Subrayó, que este nuevo ilícito quedó dentro del artículo 287 BIS y el Capitulo III relativo al Título Décimo Octavo del Código Penal Federal y su literalidad dice lo siguiente: “Comete el delito de Desplazamiento Forzado interno quien, de manera individual o colectiva, mediante violencia o cualquier otro media o acto coactivo realizado con una persona o grupo de personas, ocasione que abandonen su lugar de residencia”.
Su penalidad será de 6 a 12 años de prisión y de 300 a 600 días de multa. La pena podrá incrementarse hasta una mitad cuando el delito se cometa en contra de una niña, niño, adolecente, persona defensora de derechos humanos y periodistas.
Dijo que esa iniciativa ha sido presentada por la LXXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, por la que se plantea reformar el artículo 94 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Añadió que el origen de esta iniciativa es de ciudadanos académicos del Centro de Estudios Legislativos y Parlamentarios CELyP de la Universidad Metropolitana de Monterrey, en la cual esencialmente se buscaba que cualesquier lugar en México debe ser revisado, cualquier rincón, sea de manera informática o de campo por parte de las autoridades estatales o federales.
En el caso concreto actualmente, en el artículo 94 de dicha Ley, sólo se permite la consulta mediante los sistemas informáticos instrumentados para ello, de manera periódica y exhaustiva las bases de datos o registro de hospitales, clínicas, centros de atención psiquiátrica, centros de desarrollo integral para la Familia, centros de salud, centros de adicciones y rehabilitación, públicos y privados, centros de detención reclusorios a cargo del sistema penitenciario, los registros de los centros de detención administrativos, servicios médicos forenses y banco de datos forenses, registro nacional de personas desaparecidas no identificadas, albergues públicos y privados e instituciones de asistencia social, panteones o ‘lugares en donde se depositan restos mortales o cadáveres, públicos y privados, identidad de personas, estaciones migratorias y listas de control migratorio, terminales de autotransporte terrestre, aéreo y marítima, de pasajeros y carga.
Consideró que lo anterior resulta insuficiente, la búsqueda debe ser a fondo, es decir, que no solo debe ser en base de datos, sino bajo inspección, “coincido con la propuesta de origen en la que además se contempló añadir a los ‘lugares e instituciones’ antes dichos, a las instalaciones del ejército, embajadas y consulados de países en México, lo cual también fue quitado por el Congreso de Nuevo León, bajo el argumento de que se violentan leyes que se establecen en otros países para la operatividad de sus instituciones en países extranjeros”, expuso.
El legislador federal, dijo que en México hay una grave crisis de justicia y como consecuencia una realidad de impunidad que no sanará hasta no saber la verdad en cada caso de desaparición, es un asunto de ética pública, “por ejemplo, lo he venido repitiendo desde hace tiempo, mientras no sepamos qué pasó con los 43 muchachos de Ayotzinapa, no habrá autoridad moral para impartir justicia en México, de esa dimensión es la demanda en nuestro país en este rubro”, insistió.
En tal virtud, nadie, absolutamente nadie, ningún lugar y menos las instituciones y sus lugares oficiales, deben quedar exentos de una búsqueda de localización de personas desaparecidas, incluyendo los campos e instalaciones militares. Los países extranjeros con relaciones diplomáticas en México, deben, de acuerdo a los principios de derecho y convivencia internacional, cooperar con nuestro gobierno entendiendo la dimensión de ésta grave crisis que flagela a miles de familias mexicanas, subrayó.
Reiteró, desde su particular punto de vista, que asumiendo su papel, va a plantear al interior de la Subcomisión de Ayotzinapa, Desplazados y Desaparición Forzada y de la Comisión de Justicia, que se autorice también la búsqueda en las iglesias, templos y recintos de todas las religiones que se prediquen en México.
“Este es un asunto se debe acabar con la impunidad al pueblo, a las familias, amigos y compañeros de estudio y de trabajo de personas desaparecidas se les debe la verdad, “de eso se trata, de saber la verdad, quien nada debe nada teme”, dijo Rubén Cayetano.
Por último, señaló que no son pocas voces las que inculpan al Estado en muchos casos de desaparición de personas, eso implica que en esta nueva etapa de la política en México ninguna institución debe ser excluida de colaborar en la búsqueda, de abrirse, solo así se podré tener un auténtico estado de derecho, de lo contrario, “solo perpetuaremos la impunidad”, concluyó. (Por Baldemar Gómez)
