Editorial
Desde que López Obrador designó en la Secretaría de Educación Pública (SEP) a un funcionario que no tiene ni título de licenciatura, se avizoraba que los problemas serían mayúsculos. Es errónea la política del nuevo gobierno federal, al arcaico estilo de la desaparecida Policía Judicial: primero castiga y después averigua. Sucedió con la gasolina robada en los ductos por los “Huachicoleros”, que afectó a varios estados por desabasto de combustible. Volvió a pasar con las estancias infantiles, que al detectar seis con irregularidades, desapareció el programa. Y ahora pasa con la educación, al dejar a más de 5 mil 700 maestros de Guerrero fuera del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), bajo el pretexto de que varios son “aviadores”. Sería correcto que antes de dejar de pagar sus quincenas a los profesores, se venga una auditoria plaza por plaza, escuela por escuela, para que entonces caiga quien tenga que caer, no importa que abarque desde los ex líderes sindicales hasta ex titulares de la SEG. Pero primero hay que investigar, antes que afectar.
