*Para que tengan poderes generales y especiales para pleitos y cobranzas, previa aprobación del Cabildo
Chilpancingo de los Bravo, Gro., 19 de Diciembre de 2018.- Mediante una reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre, el diputado Antonio Helguera Sánchez propone que los síndicos tengan poderes generales y especiales para pleitos y cobranzas, previa aprobación del Cabildo, y para gestionar los recursos de la hacienda municipal y autorizar los gastos que deba realizar el ayuntamiento.
Previo estudio y análisis exhaustivo, autorizar también las cuentas públicas y verificar que éstas se remitan oportunamente a la Auditoría General del Estado, y que la suscripción de créditos públicos y privados se realicen en estricto apego al marco normativo en materia de deuda pública y de disciplina financiera.
La reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado pretende adecuar el marco normativo para especificar que los síndicos procuradores puedan proponer la incorporación en la estructura orgánica, al personal que les brinde de manera directa el apoyo técnico y especializado que se requiera para fortalecer el ejercicio de sus atribuciones.
Esto porque dichas atribuciones asignadas son de carácter jurídico, financiero, contable y patrimonial, en materia de gobernación, justicia, seguridad pública y policía y buen gobierno, lo que genera no sólo una enorme carga de trabajo, sino también responsabilidades administrativas en el ejercicio de sus funciones, las cuales están establecidas en la Ley en mención.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, considera que esta reforma es necesaria debido a que la Ley Orgánica del Municipio Libre no estipula ningún tipo de estructura administrativa de apoyo a las labores del síndico, por lo que en la mayoría de las veces éste depende de la voluntad del presidente municipal para que le sea asignado personal especializado o, en su defecto, se dejan de ejercer o se ejercen a medias las facultades que le otorga la Ley.
La iniciativa de reforma fue turnada a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación para su dictaminación.
