*Un grupo de jueces y magistrados del estado, negó que en el Poder Judicial Federal se perciban salarios de más de 600 mil pesos mensuales, y acusaron que, “se busca debilitar el sistema de frenos y contrapesos de la democracia y vulnerar el Estado de Derecho”; se oponen a percibir un salario máximo de 108 mil pesos mensuales; en Guerrero, solo los magistrados del TSJ del estado ganan más que el presidente, informa la SEFINA
Chilpancingo de los Bravo, Gro., 10 de Diciembre de 2018.- Magistrado y Jueces del Poder Judicial de la Federación de esta Capital, lanzaron un posicionamiento, donde se niegan a acatar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que propuso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y la fracción de Morena del Senado de la República, para que se les baje sus sueldos y no ganen más que el mismo ejecutivo federal.
Cabe señalar que el titular del Ejecutivo federal planteó desde campaña que su sueldo sería de 108 mil pesos mensuales y que ningún funcionario ganaría más que él, promesa que se hizo realidad cuando los diputados federales aprobaron en noviembre pasado la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, por lo que los jueces y magistrados que se oponen, son porque pretenden seguir ganando más que esos 108 mil pesos mensuales.
Cabe señalar, que según las declaraciones del titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (SEFINA) del estado, Tulio Pérez Calvo, en el caso de Guerrero, a ningún funcionario se le aplicará esta Ley, debido a que nadie percibe un sueldo mayor que el del presidente, Andrés Manuel López Obrador, salvo los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), quienes son los únicos que se verán obligados a reducirse sus sueldos.
En el marco de la conmemoración de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, A. C., realizaron un posicionamiento público respecto a las declaraciones del Titular del Poder Ejecutivo y Legisladores, en torno a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
En conferencia de prensa, Basilio Rojas Zimbron, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero en representación de los Magistrados y Jueces Federales de la ciudad de Chilpancingo, dio su posicionamiento indicando que, “los mexicanos tenemos el orgullo de ser los creadores del amparo como escudo protector de los derechos de las personas contra los actos arbitrarios de las autoridades”.
Negaron que en el Poder Judicial se perciban salarios de más de 600 mil pesos mensuales, y acusaron que se busca debilitar el sistema de frenos y contrapesos de la democracia y vulnerar el Estado de Derecho.
Para que el amparo pueda ser instrumentado adecuadamente, aseveró que es necesario que existan las “garantías objetivas” que descansan en la existencia y funcionamiento pleno del Estado de Derecho, la división de poderes y la independencia judicial.
Señaló: “La independencia impide las injerencias e intromisiones de intereses ajenos a la ley, por parte de cualquier autoridad y cualquier tipo de presión social o económica y del flagelo de la corrupción. Eso, es lo que estamos defendiendo”, intentó justificar.
Ante un público conformado mayoritariamente por juristas del estado, afirmó, “nos presentamos públicamente ante la sociedad para refrendar nuestro compromiso como juzgadores federales, para defender la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación y hacer viva la protesta que rendimos al tomar posesión de nuestro cargo de guardar y hacer guardar a nuestra Constitución”, expuso.
Agrego, “Se ha querido posicionar un falso discurso de que somos privilegiados y vivimos de abuso del erario público, señalando cantidades excesivas, como que percibimos más de 600 mil pesos mensuales que no corresponden ni cercanamente a la realidad, para centralizar como foco de único interés, un mero asunto de salarios y desviar la atención de lo que es realmente importante: que el Juez independiente e imparcial, quien tiene la última palabra para el control del poder, para garantizar el respeto a la Constitución y las leyes y las obligaciones internacionales contraídas por México en materia de derechos humanos”, dijo.
Añadió que, “la independencia impide las injerencias e intromisiones de intereses ajenos a la ley por parte de cualquier autoridad y cualquier tipo de presión social o económica y del flagelo de la corrupción. Eso es lo que estamos defendiendo. Estamos hoy aquí, de manera inédita, refrendando nuestro compromiso con la Ley y la Constitución, ejerciendo nuestros derechos, todo dentro de los causes de la legalidad y la institucionalidad”, dijo.
Con un tono de respeto, pero al a vez de exigencia denunció que, “el riesgo de mantener campañas de desprestigio contra los juzgadores, haciéndolos pasar por oportunistas que solo buscan el beneficio personal es el debilitamiento de la confianza ciudadana ante sus propias instituciones”.
Además, citó al General Morelos, señalando: “Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario”.
Lo anterior, luego que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que los representantes del Poder Judicial de la Federación ganan 600 mil pesos mensuales, la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN), salió al paso de las críticas y calificativos del jefe del ejecutivo.
En su cuenta de Twitter, la Corte reiteró que es falso que en el PJF alguien gane remotamente 600 mil pesos mensuales, y publica una liga del Diario Oficial de la Federación, en la que se pueden consultar sus salarios de manera transparente.
En tanto, en el Palacio de Justicia de la Federación, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación A.C, advirtieron que la pretensión de disminuir sus salarios vulnera el Estado de derecho y la autonomía del poder judicial.
Aseguraron que es falso que se tengan sueldos de 600 mil pesos mensuales, y sin mencionar al primer mandatario y a la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión, denunciaron que se trata de una campaña de desprestigio que debilita la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, concluyeron. (Por Baldemar Gómez)
