Editorial
Las imágenes y audios desgarradores de los minutos en que familias vivieron momentos de terror en la comunidad de Buena Vista de la Salud, cuando se convirtió en zona de guerra por las disputas entre comunitarios y civiles armados, nos llena de indignación y deja sin palabras. Nos vuelve a recordar -como si fuese posible olvidarlo- que la seguridad en México es un derecho inexistente, que no se demanda ni se exige, se súplica ante las altas esferas del poder, esperando mover hacia la compasión y apelando a la lástima o al temor al escarnio de hacer evidente una vez más la ausencia del Estado respecto a una lacerante realidad que desde el discurso oficial se niega a reconocer por la probada incapacidad e ineptitud del Gobierno para cumplir y hacer cumplir la ley. Aunque esta historia tuvo un desenlace de ocho civiles armados muertos, frustra la idea que en Guerrero la federación no envíe el suficiente personal policíaco para hacer frente a la inseguridad, que en las últimas 24 horas ya cobró la vida 15 personas, la mayoría por arma de fuego.
