- En su informe del año 2021, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, ha detectado que, grupos delincuenciales se estarían disputando el control de los recursos naturales y las rutas de trasiego de droga en varios municipios, generando extorsión, narcomenudeo, o incluso, desplazamiento forzado en comunidades enteras
- El gobierno federal “quedó a deber” en caso Ayotzinapa, revela ONU-DH
Chilpancingo de los Bravo, Gro., 16 de diciembre 2021.- Al menos 22 grupos delincuenciales se estarían disputando el control de los recursos naturales y las rutas de trasiego de droga en el estado de Guerrero, traduciéndose en extorsión, narcomenudeo, o incluso, desplazamiento forzado en comunidades enteras, reveló en una publicación el periódico español El País.
De acuerdo a la nota, Guerrero tiene una nueva reconfiguración política y criminal, esta última cada vez con mayor presencia en las comunidades indígenas, de acuerdo al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
La organización no gubernamental, que preside Abel Barrera, ha logrado identificar en el último año las actividades de diversos grupos delictivos, así como sus principales lugares de operación, y en su informe correspondiente a 2021, construye un mapa criminal que documenta cómo convergen los distintos grupos criminales, así como su influencia en las siete regiones del estado.
Según el documento, es en Chilpancingo donde convergen los intereses económicos de los grupos de poder por ser un paso obligado para la región serrana y la zona montañosa, y lo califica como “un enclave estratégico para el control de las rutas”.
En la parte oriente de la capital del estado, se han registrado varios enfrentamientos por el control de la ruta conocida como circuito azul, que comunica a los municipios de Mochitlán y Quechultenango: corredor que estaría tomado por otro grupo y que se extiende a los municipios de José Joaquín de Herrera y Chilapa en la Montaña baja.
En la ruta que sale de Quechultenango rumbo a Ayutla también estaría ya controlada por el mismo grupo, y otro no identificado que se desplaza desde Cuajinicuilapa a San Juan, municipio de Igualapa, extendiendo su influencia en los municipios de Marquelia, Copala y Cruz Grande.
En la región Centro, en el municipio de Eduardo Neri, donde se mantiene una férrea disputa por este enclave, entre tres grupos delincuenciales.
En el crucero que conecta con las comunidades de Xochipala y Filo de Caballos, es una ruta dominada por parte de un grupo de Tlacotepec que han replegado a otro, que buscaron refugio en algunas comunidades de Chilpancingo.
En el crucero de Mezcala, municipio de Iguala, por los filtros que han impuesto un grupo en la ruta que va a Carrizalillo, y que, en los últimos años, han diezmado la fuerza y la presencia de otro, que también menguó su capacidad de fuego en la ciudad de Iguala.
GOBIERNO DE AMLO “QUEDO A DEBER” EN CASO AYOTZINAPA: ONU-DH
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, también aseguró que la “verdad alterna” de la 4T por la desaparición de los 43 normalistas, ya perdió fuerza.
Durante la presentación del informe de actividades del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), destacó la importancia de que la voluntad política vaya de la mano con resultados e información sustancial y relevante para la investigación del caso.
El informe, Tlachinollan dedica un espacio al caso de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero, donde detalla que pese a las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador el caso aún no se esclarece.
Además, señala que la tesis más consolidada cuya base descansa en el testimonio de Juan ‘N que es Gildardo López Astudillo (‘El Gil’ del grupo criminal Guerreros Unidos), perdió fuerza debido a las comunicaciones entre ‘El Gil’ y Francisco Salgado Valladares subdirector de la policía municipal de Iguala que el Ejército reveló.
Sin embargo, pese a los obstáculos, el documento detalla que se ha consolidado una nueva indagatoria que se sustenta principalmente en tres líneas de investigación que se fortalecen con el impulso de las pesquisas: el crimen organizado vinculado con agentes estatales, el Ejército y la Policía Federal.
“Aún existe la necesidad de verdad y justicia, de familias que no se cansan de luchar contra un sistema de procuración de justicia que, aún con la voluntad y valentía de funcionarios, incluso de oficinas gubernamentales completas, les queda mucho en deber”, expresó el representante de la ONU-DH, Guillermo Fernández.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) lamentó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya “quedado a deber” en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El representante de la ONU-DH señaló que existen “pactos de impunidad y silencio” que impiden a las familias conocer el paradero de sus hijos, por lo que es fundamental que la Fiscalía General de la República garantice que todo su personal y oficinas más allá de la Fiscalía Especial para el Caso Ayotzinapa estén al servicio de la justicia y la verdad de este caso.
Además, pidió a las autoridades utilicen todas las herramientas del sistema jurídico mexicano para identificar y erradicar la complicidad entre actores no estatales y estatales que obstaculicen el avance del caso.
Del mismo modo solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) debe contribuir al caso mediante el acceso libre a toda la información relevante conforme a la Ley, las omisiones o negligencias que dificulten o impidan el acceso a la información, deben ser investigadas y sancionadas.
