Editorial
A siete años con dos meses, ha resultado insostenible la verdad histórica del Caso Iguala que intentó implementar el gobierno de Enrique Peña Nieto, con tantas diferencias. Se supone que una verdad se mantiene por la contundencia con que se comprueba un hecho desde distintas perspectivas en cualquier momento, pero en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, parece haber diferencias en cuanto a los elementos recabados. Por eso hay tanta divergencia sobre sobre la versión y posturas de la extinta PGR, a parte del grado de seriedad de los especialistas que han coadyuvado en las investigaciones. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador volvió a investigar el caso desde cero, iniciando las diligencias desde el basurero en Cocula. Sin embargo, no hacer las diligencias respectivas en el momento oportuno, tiende a no ser categóricos en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, pues simplemente el lugar de los hechos tiende a cambiar, y más si se trata de un basurero a la intemperie. Tan solo basta recordar el Caso Colosio, se cambiaron las características del lugar del asesinato del candidato del PRI y no se pudieron realizar indagatorias que podían ayudar en la indagatoria.
