- Policías Comunitarios de Cochoapa encarcelaron a Angelica y a sus tres hermanas de 6, 7 y 8 años, tras huir de la casa de sus suegros, a donde la vendieron por 110 mil pesos en matrimonio cuando ella tenía 11 años
- La mamá de la adolescente fue agredida por el comandante de la autodefensa, cuando acudía a llevarles de comer, por lo que le provocaron el aborto involuntario de sus trillizos y está grave de salud
- Ayer fueron liberadas de la Casa de Justicia de la CRAC en Dos Ríos
Por Rangel Ventura/OBJETIVO Diario
Chilpancingo de los Bravo, Gro., 10 de octubre de 2021.- Elementos de la policía comunitaria de la Casa de Justicia de Dos Ríos, municipio de Cochoapa El Grande, en la región Montaña de Guerrero, por la intervención de autoridades y organizaciones sociales, ayer aceptaron liberar a las cuatro niñas que mantenían encarceladas, luego de que la mayor de ellas huyera de la casa de los padres de su esposo en un matrimonio forzado, debido a que su suegro intentó violarla.
Sin embargo, hasta anoche, los elementos de la autodefensa no han sido sancionados por el aborto involuntario de los trillizos de la madre de las niñas, quien fue agredida por los comunitarios cuando acudió darles de comer a sus hijas, por lo que se encuentra grave de salud.
Esta historia de terror fue narrada por la señora Concepción Ventura Aguilar, quien denunció que su hija Angélica, de tan solo 15 años de edad, fue encarcelada porque el pasado 30 de septiembre la rescataron de la casa de los papás de su esposo, luego de que su suegro intentó abusar sexualmente de ella, por lo que ahora el señor exige que le regresen el dinero que pagó por ella como “dote” de matrimonio para su hijo.
Doña Concepción contó que, hace cuatro años su hija (quien apenas tenía 11 años de edad) se casó con Rafael Julián, un joven de la comunidad de Joya Real, municipio de Cochoapa el Grande, sin embargo, como es costumbre en estas comunidades indígenas, el marido emigró a los Estados Unidos a trabajar y dejó a su esposa al cuidado con sus padres de él.
El problema inició cuando el suegro de Angélica, el señor Rutilo trató de violarla, hasta en cuatro ocasiones, por lo que la menor dio aviso a sus padres, quienes acudieron a la casa de sus consuegros, para rescatarla y llevársela a vivir con ellos nuevamente, hasta que su esposo regrese.
Al no lograr su cometido, don Rutilio pidió la intervención de la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia de la CRAC de Dos Ríos, donde se hizo la víctima para exigir que Angélica devuelva el dinero que pagó por ella como “dote” para el matrimonio con su hijo, sin embargo, al ser los padres de la adolescente de bajos recursos, la autodefensa encarceló a las tres hermanitas, de 6 (Génesis), 7 (Fernanda) y 8 (Santa Macrina) años de edad, para garantizar el pago.
En la región de la Montaña, una de las costumbres añejas es la venta de niñas y adolescentes, donde las familias las llegan a ofertar hasta en 200 mil pesos, o a cambio de vacas, chivos o cartones de cerveza. En algunos casos, las menores elijen a sus parejas, y, aun así, las familias de los varones deben de pagar una especie de «dote» a la familia de las novias, para consentir el matrimonio.
En ese contexto, la cantidad que gastaron los padres del novio de Angélica en ese entonces fueron 120 mil pesos -señalan familiares de la adolescente- pero, ahora el suegro está pidiendo se le regresen 210 mil pesos, es decir, 100 mil pesos más.
Para exigir el pago al suegro acusado de intento de abuso sexual, la policía comunitaria primero encarceló a la abuela de ella, Petra Aguilar Nava, de más de 70 años de edad, luego encarceló a la joven Angélica junto con sus tres hermanitas, quienes hasta el día de ayer llevaban 11 días privadas de su libertad en Dos Ríos.
La adolescente y sus tres hermanitas fueron advertidas que permanecerían encarceladas hasta que su padre, Juan Manuel Martínez Vázquez, pague la cantidad que piden los padres de su esposo.
Los comunitarios hicieron firmar un pagaré en blanco al padre para comprometerlo y así liquidar, aseguran familiares.
Otro asunto grave es el aborto involuntario que sufrió la madre de Angélica, ya que doña Concepción Ventura, al llevarle comida a sus cuatro hijas, el comandante de la Policía Comunitaria de la CRAC la jaloneó y empujó.
Por el maltrato, el viernes, ella perdió a sus tres bebés (trillizos), y para salvarle la vida sus familiares tuvieron que llevarla al hospital de Ometepec con la ayuda de elementos de Protección Civil.
LOGRAN LIBERAR A ANGÉLICA Y A SUS HERMANITAS EN COCHOAPA
Luego de la denuncia hecha por este diario y otros medios de comunicación, una comisión de funcionarios encabezados por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), Cecilia Narciso Gaytan; el presidente municipal de Cochoapa el Grande, Bernardo Ponce García, además de funcionarios estatales y representantes de organizaciones civiles y de derechos humanos, acudieron a la comunidad de Dos Ríos.
A la localidad ubicada a seis horas de Tlapa de Comonfort, se presentaron los funcionarios para entrevistarse con los elementos de la policía comunitaria en la Casa de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Previo a entrar a la reunión, resumieron que intentarían rescatar de la cárcel a una niña de 15 años de edad, privada de su libertad, al no devolver sus padres 210 mil pesos, que pagó su marido como “dote” cuando Angélica tenía apenas 11 años de edad.
Recordaron que el problema se dio cuando la menor, el pasado 30 de septiembre fue sacada de la casa de sus suegros por sus padres, dado que su pareja se fue a Estados Unidos a trabajar.
Al filo de las 19:00 horas de la noche de este domingo, quedó libre la menor y sus tres hermanitas.
Las autoridades de la casa de justicia de la CRAC y funcionarios, acordaron la entrega de las menores, sin consecuencias legales.
Los hechos antes descritos devienen de un conflicto relacionado con la práctica ilegal de trata de niñas y adolescentes menores de edad en la región de la Montaña con fines de realizar matrimonios forzados con hombres adultos, práctica que data de muchos años y que ha sido tolerada por el Estado y sus agentes, so pretexto de respetar los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas de esa región de Guerrero, haciendo caso omiso del mandato constitucional que obliga a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Así como a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
“Las Policías Comunitarias, al constituirse en Agentes del Estado, al privar de la libertad a cuatro niñas y ejercer violencia física contra Concepción Ventura Aguilar, provocándole un aborto, así como al legitimar la venta de menores de edad con fines de efectuar matrimonios forzados y de castigar a una niña de 15 años por resistirse a ser violada, constituyen graves violaciones a los derechos humanos de niñas y mujeres indígenas, prácticas que deben ser sancionadas y erradicadas”, denunciaron en un pronunciamiento organizaciones de la Sociedad Civil y Redes Defensoras de Derechos Humanos de las Mujeres. (Por Rangel Ventura)
