- Destituyen al contralor municipal Francisco Torres Valdez, por descubrir el presunto mal manejo de casi 12 millones de pesos del programa de pipas gratuitas en el gobierno de Román Ocampo
- Detectan que hay 300 aviadores con un sueldo de cinco mil pesos quincenales en las direcciones de la Policía Urbana, Policía Vial y Policía Auxiliar
- Pide López Obrador desterrar la corrupción en el gobierno de Acapulco
Chilpancingo de los Bravo, Gro., 24 de agosto de 2021.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador pidió que “no se permita la corrupción” ante la posible inclusión de María de la Luz Meraza Radilla, exdirectora de Obras Públicas del gobierno perredista de Evodio Velázquez Aguirre, en la administración de la presidenta municipal electa de Morena, Abelina López Rodríguez.
Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, un reportero señaló ante López Obrador que Meraza Radilla está sancionada por haber desviado 100 millones de pesos de la alcaldía de Acapulco y que incluso hay una investigación en su contra por peculado, por lo cual le preguntó al Presidente de qué hacer con este tipo de personajes que buscan nuevos cargos.
En respuesta, López Obrador expresó: “Que no se permita la corrupción, que se erradique, que se destierre la corrupción y que vaya asimilando de que lo mejor es la honestidad, que es la mayor riqueza de nuestro pueblo, y también es lo que debemos estimar más importante en nuestra vida, en lo personal y en lo público”.
Dijo a los jóvenes que lo más importante en la vida no es el dinero sino la honestidad y que “ya cambiaron las cosas en el país y se ve mal al corrupto y hacen hasta el ridículo”, ya que afirmó que antes estas personas tenían protección y ahora ya no hay impunidad de parte del gobierno o de las autoridades del más alto nivel.
CONTRALOR DE ACAPULCO DESTAPA CORRUPTELAS DE ADELA ROMÁN
El contralor municipal Francisco Torres Valdez fue destituido de su cargo por el Cabildo porteño durante una sesión privada este lunes y lo atribuyó a que señaló presunto daño al erario cometido por funcionarios, síndicos y regidores.
Este martes, el secretario general del Ayuntamiento, Ernesto Manzano Rodríguez acudió a las instalaciones de la Contraloría en el fraccionamiento Costa Azul con más de 10 policías municipales para notificar la remoción e impidieron la entrada a los trabajadores.
Sin embargo, Torres Valdez ya se encontraba en su oficina por lo cual Manzano Rodríguez y los agentes le pidieron que saliera de las instalaciones de la Contraloría.
El contralor responsabilizó de su cese al secretario Ernesto Manzano, así como al secretario particular de la presidenta municipal, Adela Román Ocampo; Edmundo García López, así como al sobrino de la alcaldesa, Víctor Román Román y a los regidores.
Aseguró que tiene informes de auditorías internas a funcionarios por irregularidades y daños al erario, cometidos principalmente por Ernesto Manzano, debido al presunto mal manejo de casi 12 millones de pesos del programa de pipas gratuitas.
Dijo que hasta 2019 el programa era controlado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y posteriormente se hizo cargo el secretario de la alcaldía a petición de él mismo, pero no ha comprobado el destino de esos millonarios recursos.
También señaló que el sobrino de Adela Román, “ha manejado toda la administración municipal”, y le ordenó que le subordinara al área de Recursos Materiales.
Asimismo, dijo que hay una gran cantidad de aviadores de parte de los integrantes del Cabildo.
Mencionó que el síndico Javier Solorio Almazán cuenta con 52 trabajadores, mientras que la regidora priísta Ricarda Robles Urióstegui y el perredista Víctor Aguirre Alcaide tienen 36 cada uno.
Dijo que además estaba en proceso una auditoría a los ediles sobre los más de 140 mil pesos por concepto de gestoría social, que reciben del Ayuntamiento cada mes y que suman millones de pesos.
También señaló que hay 300 aviadores con un sueldo de cinco mil pesos quincenales en las direcciones de la Policía Urbana, Policía Vial y Policía Auxiliar, y que cada uno de ellos debía darle tres mil pesos al asesor jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, Jondalar Castillo Ledezma, quien anteriormente era director del Centro de Atención y Protección al Turista (Capta).
Enfatizó que Jondalar Castillo también está citado a comparecer por estas irregularidades y no se ha presentado. Y que todos los casos fueron notificados a la presidenta Adela Román, quien sólo “se quedó callada”.
El contralor aseguró que tras su destitución procederá legalmente ante las instancias correspondientes, ya que consideró una arbitrariedad su separación del cargo.
