*Mediante un comunicado le solicitan que gobierna ella, no su padre Félix Salgado
Coyuca de Benítez, Gro., 27 de junio de 2021.- Miembros de la dirigencia colectiva de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y del Congreso Nacional Indígena (CNI), pidieron a la gobernadora electa Evelyn Salgado Pineda que gobierne ella, que no se deje manipular por su padre Félix Salgado y que vele para que haya justicia para los más pobres de Guerrero.
Mediante un extenso comunicado, expresaron que, «nosotros, hombres y mujeres de los pueblos campesinos de la Costa Grande del estado de Guerrero, que nacimos de la historia de dignidad que nos enseñaron los generales Morelos, Guerrero, y Zapata», piden justicia ante las atrocidades que han hecho otros gobiernos con la clase más necesitada.
Detallaron que, «hoy en tiempos de pandemia y elecciones. De vacunas y millones de pesos gastados en vanidades políticas. Con evidente presencia de la delincuencia organizada, que amplió el abanico de sus colores y en varios casos abiertamente se dice “morenista”.
Con un claro reciclamiento de individuos que ayer fueron corruptos y represores y hoy les dicen “compañeros”, de partido y que generan desconfianza a más de uno.
Desde arriba se habla de cambio de régimen, pero en muchos casos, los impulsores del “nuevo”, nacieron y crecieron políticamente en el régimen anterior.
“¿De veras cambiaron su visión política o solo de camiseta?”, cuestionaron en el comunicado.
Los resultados nos hacen pensar que veremos el segundo tiempo del mismo juego».
A continuación, te presentamos el texto completo del comunicado:
“Fortalecer el capitalismo, atraer más capitales, más trasnacionales, más monopolios; más despojos a pueblos y comunidades; vigorizar al estado mexicano, legitimándolo, sin aparente corrupción y adelgazándolo, para que sea más fácil operar con él; desactivar y deslegitimar los movimientos y la protesta social; seguir linchando a los críticos; negar la existencia de una izquierda, solo hay liberales y conservadores.
Se mantendrán algunos inevitables cambios desde arriba. El agotamiento del neoliberalismo lo impone, hay que revitalizar el capitalismo, para mantener y recuperar las cuotas de ganancias empresariales.
La corrupción agrava la violencia y hace frágiles a las instituciones del Estado y llegó a representar la perdida de hasta el l0% del PIB mexicano.
Pero, de acuerdo a “nuestros datos” la desigualdad social, la pobreza y la violencia generalizada experimentadas en México, no tienen sus raíces en la corrupción, sino en la lógica de acumulación depredadora y excluyente, donde conviven lo
legal y lo ilegal.
El combate a la corrupción de los funcionarios es necesario, pero muy insuficiente.
Las grandes obras como el llamado tren maya o el corredor interoceánico, aumentarán el porcentaje de población con “empleo asalariado”, pero esto no quiere decir que mejorarán sus condiciones de vida.
Muchos serán empleos temporales, mal pagados y sin derechos ni prestaciones.
También se agudizaron otras contradicciones sociales pues son proyectos basados en la desposesión y despojo de las tierras de las comunidades y pueblos por dónde pasarán.
Habrá más concentración de riqueza en unos cuantos y permitirán que grandes empresas y corporativos de las finanzas, la agroindustria, el turismo y el sector inmobiliario acumulen más capital y fortalezcan su dominio.
Seguimos creyendo que las transformaciones que México necesita solo serán viables si son cambiadas las bases de la estructura de la riqueza y las relaciones de poder y dominación, violentas, excluyentes, racistas y patriarcales.
Eso solo se puede hacer desde abajo y a la izquierda.
«La vida nos hizo necios, y por más que le buscamos no nos podemos convencer de que solo votando o apoyando al gobierno se van a resolver los problemas sociales».
No nos cabe en la cabeza que debemos dejar de luchar, porque es riesgoso protestar, luchar y organizarse. No nos gusta ese atole.
En Guerrero, un nuevo concepto, “torita”, ya no toro, vaca, becerro o becerra. Que anoten los de la Academia de la lengua guerrerense.
No tenemos dudas, mandará el toro. No es discriminación, es jugada política.
No creemos que cambiará mucho la situación. Y estaremos, desde nuestras capacidades, con un ojo al gato y otro al garabato, pues tanto en la Sierra como en otros lugares del estado, la delincuencia organizada hace el trabajo sucio, hostiga, agrede, desaparece y asesina a periodistas honestos y a luchadores sociales.
Nuestra solidaridad para los compañeros del Concejo Indígena y Popular Emiliano Zapata de Guerrero CIPOG-EZ y del Congreso Nacional Indígena (CNI) que dignamente resisten las nuevas y viejas prácticas políticas neoliberales en la zona de la montaña y en México.
Tenemos que seguir rascándonos con nuestras uñas para defender el bosque, la tierra, el agua, los derechos constitucionales y los derechos humanos de nuestras
compañeras y compañeros.
Pero mañana es 28 de junio, un año más, ya van 26, y la justicia no llega. Siguen sin castigo los responsables de la masacre de Aguas Blancas.
Se sigue protegiendo a los principales responsables. Se sigue pretendiendo el olvido y la conformidad social con verdades a medias, maniobras políticas y el “castigo” a encarcelados ya liberados, chivos expiatorios.
¿Se podrá equiparar la destitución de un cargo público con las muertes de los 17 compañeros y más de 23 heridos? ¿A esto le llaman justicia?
Un año más en que se repite el ritual de la dádiva económica.
Un año más para los golpes de pecho, el llanto y las vestiduras desgarradas de los que vieron los hechos desde lejos, desde la barrera, y ahora se dicen “los verdaderos”, “los directamente” afectados.
Un año más para ver la descomposición de algunos, más interesados en los proyectos gubernamentales que en la organización del pueblo.
Algunos culpables siguen vivos, otros muertos, pero, aunque mueran, siguen siendo culpables.
Exigimos justicia, verdad y castigo.
El principal culpable, el exgobernador Rubén Figueroa Alcocer. Otros, el general Arturo Acosta Chaparro, ya muerto, que fue parte de la planificación y la ejecución; el gabinete gubernamental estatal de entonces; el ex presidente Ernesto Zedillo.
Y los cómplices, un poder legislativo local y federal y un aparato judicial federal y local, que garantizaron la impunidad. (Por Alberto Solís Loeza)
