*Presenta Huicochea iniciativa para tipificar como delito el uso indebido de servicios de emergencia
Chilpancingo de los Bravo, Gro., 29 de octubre de 2020.– Con el propósito de tipificar el delito de “Uso Indebido de los Servicios de Emergencia” y que se castigue con tres meses y hasta 2 años de prisión y de 50 a 100 días multa a quien solicite auxilio o alerte sobre hechos falsos, el diputado Heriberto Huicochea Vázquez propuso adicionar el Código Penal del Estado de Guerrero.
En la sesión de este jueves, al presentar su propuesta, el legislador del PRI indicó que desde el 2017 en Guerrero opera el Número 911 con la finalidad de dar una respuesta más rápida a los llamados de emergencia, para proteger la vida de las personas, su patrimonio y su entorno ante contingencias que implican un riesgo.
Sin embargo, dijo que de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por medio del Centro Nacional de Información, se reportaron a nivel nacional, dentro del primer semestre del año, más de 33 millones de llamadas y que ocho de cada diez fueron falsas alarmas.
En esta entidad, agregó, se hicieron un millón de llamadas, de las cuales 9 de 10 fueron falsas. “Por eso es importante concientizar a las organizaciones civiles, padres de familia, maestros, medios de comunicación y población en general sobre el uso responsable de este sistema de emergencia, que amerita un uso apropiado”, manifestó.
Apuntó que se debe regular el uso del sistema de emergencias y castigar a quienes, a través de llamadas telefónicas o cualquier otro medio de comunicación electrónico, solicite auxilio, dé aviso o alerte sobre hechos falsos que provoquen la movilización o presencia de personal de Seguridad Pública, de Protección Civil, de Bomberos, de los Servicios de Salud o cualquier otro destinado al auxilio de las personas.
INICIATIVAS
En otros asuntos, el diputado Marco Antonio Cabada Arias (Morena) presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero para que, dentro de la estructura de los ayuntamientos, en las distintas secretarías, direcciones o departamentos que lo conforman, se implemente el principio de Paridad de Género en la designación de sus titulares. Esta propuesta fue turnada a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.
