Editorial
En México hay unos 8,000 indígenas –la mayoría no habla español– encarcelados, a la espera de una sentencia. De esta cifra, según estudios, al 80 por ciento de ellos se le violó el debido proceso. El Instituto Federal de Defensoría Pública tiene 25 abogados y 21 oficiales administrativos para atenderlos, y cubre la defensa penal en 34 lenguas. Pero en México hay 18 millones de indígenas que hablan 68 idiomas y alguna de sus 364 variantes. Es decir, por cada 600,000 habitantes indígenas, hay sólo un defensor federal. Como si se tratara de una realidad kafkiana, personas de las etnias tlapaneca, mixteca, etcétera, reciben condenas sin siquiera saber de qué se les acusaba. La burocracia del sistema judicial los absorbió y sin recibir ayuda jurídica, dado que varios ni siquiera hablan español, fueron juzgados. Para cumplir la tesis de Kafka, solo faltará que, finamente, el juzgado termine por aceptar haber cometido un crimen que, realmente, no llevó a cabo. Nuestro país aún tiene muchos rezagos en materia jurídica, que, de no arreglarse, seguirán comiéndose a varios ciudadanos.
