Editorial
La Interpol busca en más de 190 países al ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces PGR, Tomás Zerón de Lucio, y al ex titular de la Policía Federal Ministerial (PFM), Carlos Gómez Arrieta. Ambos son requeridos por la justicia mexicana por su presunta participación en hechos de tortura y desaparición forzada contra algunos detenidos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El que nuestras instituciones de seguridad practiquen la tortura habla mal de ellas. Cuando un ciudadano se entera de estas prácticas dentro de los institutos, difícilmente duda de lo que se rumora que sucede afuera. Tales son los casos de abuso de muchos servidores públicos encargados de salvaguardar el orden del país: disparos a vehículos de forma indiscriminada o incluso violaciones. Por tanto, lo más recomendable, y ojalá que así sea, es que las autoridades se pongan las pilas y eviten estas prácticas castigando a los responsables, que empañan el actuar de éstas instituciones, que sin duda ninguna culpa tienen del mal actuar de unos pocos.
