Por Julio Cesar Cortez Jaimes
El 8 de mayo del 2017, el Dr. Fermín Rodríguez y yo, fuimos invitados por la Universidad Hipócrates en Acapulco, a participar en un debate en torno a la calidad educativa, pública o privada. Resultó ser un tema tan apasionante que tuvimos que defender a toda costa y con argumentos que las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas tenían un mejor nivel en cuanto a calidad se refiere, en virtud de que sus programas educativos han sido sometidos a evaluación por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES), entre otros organismos acreditadores que mantienen a los programas educativos en constante revisión.
Este proceso de evaluación de los programas educativos tal vez tendría que ser sometido a un análisis de mayor profundidad, que concluya en propuestas de cambios sustanciales, tales como estudios de perfiles de egresos acordes a las condiciones del mercado laboral y un perfil de ingreso con mayor flexibilidad, de lo contrario se seguirá reproduciendo modelos educativos neoliberales que limitan la posibilidad de ingreso de los jóvenes a las universidades públicas.
Aun a pesar de ello, cuestionaría ¿de qué sirve someter a evaluación los programas educativos de las universidades públicas (como es el caso de la UAGro), si al final de cuentas tienen que andar reclamando los recursos para su funcionamiento y desarrollo? y es que el sistema educativo mexicano rompe con toda lógica de ser público cuando en los hechos se transforma con pequeños elementos que lo deterioran como derecho público y por ende gratuito.
Resulta un poco arriesgado poder establecer que el sistema educativo opera bajo una paradoja y se hace necesario especificar con detalle algunos elementos que den sustento a esta afirmación, amén de asumir todo tipo de críticas. Y es que, a decir de expertos, el sistema educativo mexicano cada vez se sumerge en un contexto social complicado, riesgoso y contradictorio, quizás incongruente con los preceptos constitucionales que establecen la gratuidad de la enseñanza. Por ejemplo, las escuelas públicas de todos los niveles “sufren” para sufragar los gastos de operación y mantenimiento. Muchas veces estos gastos recaen en los bolsillos de los padres de familia y de estudiantes. En ocasiones se debe de pagar el agua, la luz, el internet, comprar el material de aseo, pagar arreglos de instalaciones, pagar la reparación y mantenimiento de equipo de cómputo (si cuentan con ello), etcétera, obligando esta situación a establecer en las escuelas públicas un esquema de cuotas o “cooperaciones voluntarias”.
Los mexicanos como sociedad nos entendemos solos, mantenemos un esquema educativo de grandes contrastes, cuando lo que sucede en nuestras instituciones educativas raya en lo absurdo, en lo irracional (casi asumiendo lo surrealista como tal) o fuera de toda lógica creemos siempre tener la razón colectiva. O dicho de otra manera más sencilla defendemos lo público de lo privado de la educación, pero en condiciones económicas de lo posible, preferimos la educación privada si está a nuestro alcance.
No se puede entender de otra manera, las escuelas privadas funcionan bajo esquemas de empresas privadas y como tal se rigen por las leyes del mercado y de la libre competencia. En este proceso está en juego la compra-venta de un producto llamado “educación”, cuyas cualidades como la calidad, la disponibilidad, la diversidad y los precios son factores que atraen a los “clientes” y en ocasiones se forma la idea totalmente errónea de que la escuela más cara es la que proporciona mejor educación.
Sin distraernos del tema, en relación al análisis propuesto entorno a los procesos de evaluación de los programas educativos de las Instituciones de Educación Superior (IES) en el caso particular de la Universidad Autónoma de Guerrero, se tiene que partir de que la paradoja del sistema educativo mexicano se sitúa en el mayor legado negativo del neoliberalismo o de las políticas neoliberales surgidas de un estado mexicano entreguista, sumiso y disciplinado a las orientaciones de los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial cuyas consecuencias todavía estamos sufriendo. Confuso ha sido el resultado, o estamos ante un sistema educativo público o sostenemos un sistema educativo tendiente más a lo privado.
En efecto, pareciera que privatizar todo nos llevaría a tener un país en pleno desarrollo con una economía de primer mundo (idea que tenían los gobiernos neoliberales surgidos del PRI y del PAN cuyas consecuencias las seguimos padeciendo) y luego entonces, vinieron los procesos de privatización de bienes y derechos e incluso los servicios públicos, como la educación, la salud y el medio ambiente. Esto último demasiado grave, puesto que tierras y aguas fueron entregadas a empresas mineras trasnacionales, provocando situaciones de riesgos tanto a lugares, regiones, grupos sociales que se someten a una clara tendencia de globalización. A decir de especialistas estas empresas representan amenazas globales, no respetan incluso, las fronteras de los estados nacionales.
A diferencia de nuestro país, en aquellos países más capitalistas, más desarrollados representa un verdadero privilegio caro e inútil la educación privada, solo sirve para reflejar el estatus económico de quien la paga, ya que la educación pública cumple las misas expectativas y en ocasiones de mejor calidad, pero sobre todo es un factor de inclusión, posibilita el acceso para todos con una amplia posibilidad de ventajas y gratuidad para todos los sectores sociales.
Sin embargo, se observa que en países subdesarrollados como el nuestro, se da el mismo tratamiento a la educación privada, es decir, es también un privilegio, es cara, muchas veces inaccesible pero desafortunadamente un mal necesario, en virtud de que la educación pública siempre se sostiene en debate de carácter político sindical o influenciado por grupos sindicales antagónicos que buscan prebendas o canonjías que les favorezcan o lo que es peor, se encuentra politizada , ineficiente y carente muchas veces de responsabilidad y compromiso social de quienes la imparten.
Tratando de buscar algunas conclusiones al tema en cuestión, sin dejar aspectos que resulten extrínsecamente del debate al que hemos sometido paradójicamente lo público y lo privado de la educación, tal vez resulte conveniente seguir diferenciando a la educación con las expresiones de “educación pública” y “educación privada” sin aplicar ninguna especificación, es decir, las cualidades de calidad y competitividad que sean reflejadas en el ámbito social y en el mercado laboral en su caso, mientras se siguen procesos de mejora continua en los niveles básicos de la educación que en el planteamiento general de la reforma educativa nos orienta a tener como resultado mejores ciudadanos, con valores y mayor responsabilidad.
La complejidad de esto es mucho mayor cuando se intenta explicar con detalle nuestra realidad en todos los procesos educativos, sin embargo, solo deseó despertar el interés y culminar diciendo que una educación de calidad, es posible.
