Editorial
Cuando se financia a instituciones públicas, sindicatos, partidos políticos y los Estados, todos tienen la obligación de transparentar las cuentas. El dinero sale del bolsillo de los mexicanos que pagan impuestos y que casi mantienen al País, por lo tanto, como ciudadanos, tenemos todo el derecho de saber qué se hace con ese dinero, a dónde va y por qué. Los líderes sindicales, gobernantes y políticos se escudan en que se les resta autonomía y soberanía. Las leyes se han hecho durante años precisamente para “proteger” a estos delincuentes. Vemos con amargura que, por ejemplo, el líder de la CNTE y el del sindicato de Pemex pelean a morir por preservar las prerrogativas que han ido ganando con el paso de los años. Por supuesto que nadie quiere perder millones de pesos que no les cuesta nada ganarse. Ojalá que la Ley Anticorrupción no sea letra muerta y veamos en un futuro cercano a los políticos, gobernantes, líderes sindicales y, por qué no, al mismo Presidente, tener que rendir cuentas y no oscurecer el panorama a la hora de las auditorías internas de las que, ojalá, serán presas.
