*México tiene una larga y perturbadora historia de violaciones en derechos humanos, señala Erika Guevara
Chilpancingo de los Juárez, Gro., 12 de Marzo de 2019.- Durante sus primeros 100 días de administración, el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador tomó algunas decisiones que tienden a mejorar la situación de los derechos humanos en México. Sin embargo, Amnistía Internacional considera que aún falta poner en práctica acciones contundentes que muestren su compromiso de cambio.
“México tiene una larga y perturbadora historia de violaciones a los derechos humanos. En los últimos años, el país se ha sumido en una grave crisis. Después de décadas de lucha de las organizaciones de derechos humanos y los grupos de víctimas, sería una tragedia dejar pasar la oportunidad de cambiar el rumbo del país”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
A finales de noviembre, Amnistía Internacional entregó una carta abierta al Presidente López Obrador, con recomendaciones puntuales que podían aplicarse en los primeros 100 días de su mandato para mejorar la situación de los derechos humanos en el país.
Al cierre de la campaña denominada “100 días por México”, este organismo envió una nueva carta al gobierno mexicano que incluye los avances y las acciones que éste aún no ha concretado.
“El discurso y los hechos, que caracterizaron los primeros tres meses de gestión del nuevo gobierno en materia de derechos humanos, se enmarcan en una serie de claroscuros. Amnistía Internacional reconoce la disposición de la actual administración para aceptar, en algunos casos, la responsabilidad del Estado por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, así como las disculpas públicas presentadas a las víctimas”, declaró Tania Reneaum Panszi, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.
“Sin embargo, lamentamos que no se hayan concretado avances en temas centrales, como la aceptación de la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, para conocer de casos ocurridos en México o la ratificación del Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que ayudaría a proteger a las personas defensoras del medio ambiente”, precisó Tania Reneaum.
En relación con el cambio en la Constitución Mexicana, que permite la creación de una Guardia Nacional que tendrá participación militar hasta por cinco años, será esencial que el presidente y su gobierno garanticen el respeto de los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo el que dicha Guardia cuente con un mando civil y que sea fiscalizada de forma constante por un organismo también civil, independiente y técnicamente capaz. El gobierno de México debe tomar esta reforma constitucional como punto de partida para establecer un plan de retiro ordenado de las fuerzas militares de las labores de seguridad pública.
Ciertamente ha habido otros pasos positivos en la búsqueda de la verdad y la justicia, como en el caso de Ayotzinapa, con la creación de la respectiva Comisión Investigadora que empezó a trabajar el 15 de enero, así como el compromiso expresado por el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejando Encinas, de contar con un programa para la búsqueda de personas desaparecidas, a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda, señaló.
“En 100 días, se vieron pequeños cambios y en general buenas intenciones, pero México necesita y merece más para realmente transformar la situación de los derechos humanos en el país”, concluyó. (Por Baldemar Gómez)