*Un centenar de personas provenientes las comunidades de Corralitos, Polixtepec y Casa Verde, este fin de semana tomaron el control de la Caseta de cobro de Palo Blanco, donde anunciaron que pedirán al gobierno federal el repliegue de los grupos armados y policías comunitarios de todo el corredor de los municipios de Leonardo Bravo y Eduardo Neri
Chilpancingo de los Bravo, Gro., 10 de Febrero de 2019.- Personas de la Sierra, que se encuentran desplazadas, este fin de semana tomaron el control de la Caseta de cobro de Palo Blanco, en el cual dieron paso libre de los automovilistas en ambos sentidos y pidieron “cooperación voluntaria” de 50 pesos por cada vehículo, así como autobuses del transporte turístico y camiones de empresas comerciales.
Un centenar de personas provenientes las comunidades Corralitos y Casa Verde ubicadas en la Sierra, llegaron a la Caseta de Cobro, donde se dividieron en dos grupos; los primeros movieron las cámaras de vigilancia y los segundos se apoderaron de las casetas de cobro para dejar el paso libre a todos las personas que cruzaban por ahí.
Por espacio de dos horas estuvieron en esa caseta de la Autopista del Sol, dieron a conocer que el objetivo de la toma de la caseta, es para recaudar recursos ya que en unos días más van a viajar hacia la Ciudad de México para plantarse en las oficinas del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, para hacerle saber sus demandas y pedirle que los tomen en cuenta y les resuelva.
Entre sus demandas señalaron, “pedimos al gobierno federal el repliegue de los grupos armados y policías comunitarios de todo el corredor del municipio de Leonardo Bravo, especialmente en las comunidades de Casa Verde, Corralitos y Polixtepec, entre otras, para que se conformen filtros de seguridad, así como todo un corredor de seguridad en todo lo que corresponde a los municipios de Leonardo Bravo y Eduardo Neri”, expuso.
Subrayaron, que han tenido varias reuniones con representantes del gobierno estatal, encabezadas por el secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, que a la fecha no les ha resuelto nada, debidos a que ellos desean regresar a sus comunidades, “pero no existen condiciones para poder hacerlo, y es por eso que ahora vamos a buscar a las autoridades federales para que tomen cartas en el asunto y nos ayuden”, adelantaron.
Recordaron que el problema de los desplazados inició desde noviembre del 2018 y hasta la fecha los afectado son poco más mil 600 personas en general, entre las que hay niños, ancianos, mujeres y hombres que viven en condiciones deplorables, con frío, hambre y miedo, e incertidumbre, ya que a la fecha no saben para cuándo podrán regresar a sus respectivas comunidades. (Por Baldemar Gómez)
