Editorial
Esperemos que ahora que está la controversia por la Ley de Remuneraciones, que busca acabar con los sueldos exorbitantes de funcionarios, no se afecte la economía de México con el salario mínimo. El aumento de salarios por decreto es una receta que nos aplicaron los presidentes priistas en los 70 y 80, cuyo resultado fue inflación, precios no competitivos para exportar, devaluación de la moneda y más pobreza. Los sueldos aumentan solos cuando hay productividad; al haber exceso de ofertas de trabajo, las empresas no consiguen gente a menos que paguen más. Se necesita no hostigar a las fuentes de empleo con impuestos excesivos y complicados que requieren de gasto en sistemas y capacitación. Simplificar los trámites para abrir un negocio. No permitir bloqueos a calles y carreteras, pues esto deprime la productividad, y la inversión. La incapacidad de los gobiernos inhibe la inversión, destruye la productividad, invita a la informalidad, y en esta situación aumentar los salarios por decreto quebrará empresas, habrá menos ofertas de trabajo, y más pobreza. Es más fácil para nuestros políticos elaborar decretos, que de momento les dan votos, que ponerse a trabajar.
