Editorial
Las candidatas y candidatos en Guerrero que buscaron un puesto de elección popular en el proceso electoral 2021, tuvieron la oportunidad de dar a conocer no solo su nombre, sino también su trayectoria, patrimonio, interés político y si tienen su proyecto de gobierno a través de la declaración 3 de 3; sin embargo, la mayoría no quiso compartir esta información. Hasta el momento no existe una ley que obligue a los políticos a presentar sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal, plantea directrices y un marco legal de responsabilidades para la conducta ética esperada de los servidores públicos. En vista de la gran falta de voluntad política que nuestros gobernantes han demostrado para transparentar sus recursos, es importante que los recordemos y en las próximas elecciones no nos olvidemos de ellos. El rechazo a esta iniciativa, impulsada por más de 600 mil firmas ciudadanas en el país (igual si fueran 6 millones) nos muestra una vez más la triste realidad, que debemos una vez más asimilar: gobiernan para ellos, no para los electores.
