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La venta de mujeres nunca se acaba

La venta de mujeres, es la venta de un ser humano y a mi parecer, aunque sea en el marco de los usos y costumbres indígenas, representa un flagrante delito de quienes lo practican. Delitos que deben ser castigados con cárcel o con la pena máxima.

Vivimos todos en un país que se llama México y este país lo rige una constitución, como la carta magma o el documento oficial que garantiza la impartición de la justicia; por ende, todo ser humano que habita esta linda tierra que se llama México, debe estar sometida a dicha constitución, independiente del lugar donde se encuentre parado, así sea en Chilpancingo, en Metlatónoc o en Ayutla.

Una de tantas lagunas que tiene la impartición de justicia de nuestro país, e precisamente esa: los usos y costumbres indígenas, o sea que en esos lugares donde se rigen por usos y costumbre indígenas, la constitución política que mandata a todos los mexicanos, no es aplicable, aquí en esos pueblos se suspenden los efectos de la constitución y se colocan por encima “los usos y costumbres indígenas” con un cuerpo armado que se llama Policía Comunitaria.

El caso de la adolescente: Angélica, allá en el municipio de Cochoapa el Grande en la alta Montaña de Guerrero, según revelan fuentes periodísticas y a testimonios de la madre de la menor, fue vendida cuando tenía 11 años de edad por la cantidad de 120 mil pesos, a un joven de la comunidad de Joya Real de ese mismo municipio.

La madre de la menor vendida por esa cantidad de dinero, de nombre Concepción, reconoció que su hija contrajo matrimonio con un joven, con apenas 11 años de edad y que hubo un gasto de dinero de 120 mil pesos por parte de los familiares del muchacho.

En primer lugar, las leyes mexicanas no amparan ni reconocen los matrimonios entre menores de edad, sino que hasta que se es ciudadano, después de los 18 años, por otro lado, tampoco se reconoce la venta de una persona o intercambio de un ser humano por dinero, vacas, chivos o cartones de cervezas.

El caso de la menor Angélica trascendió, porque tuvo un desenlace catastrófico, como la huida de la casa de su esposo, ante la ausencia de éste, supuestamente por intentos de violación por parte del padre del marido y luego se pasa a otro terreno de la violación de los derechos humanos, porque interviene la policía comunitaria y encierra a la joven víctima y otras personas más.

Lo que sí quedó claro y asentado en los medios de comunicación que dieron cuenta de estos hechos ante la sociedad guerrerense, es que el padre del esposo de Angélica pide de regreso su dinero de 120 mil pesos, con un adicional del otro cien por ciento.

Existen en Guerrero y en México muchas instituciones públicas que se encargan del buen funcionamiento de esta sociedad, está un parlamento que legisla leyes, los tribunales de justicia, la Fiscalía de Guerrero, parlamentaristas guerrerenses que tienen voz en la cámara alta, el DIF Guerrero, hay una Secretaría de la Mujer, Secretaría de Asuntos Indígenas, y por si fuera poco, están los grupos feministas que dicen defender los derechos de las mujeres y la niñas.

El problema es que, aunque exista estas figuras públicas y que funciona con recursos públicos se siga dando en Guerrero casos “vergonzosos y aberrantes” como es la venta de niñas en los pueblos indígenas, amparado todos en las viejas tradiciones y los usos y costumbres indígenas. Es un acto que debería de avergonzarnos a todos los guerrerenses que solo en nuestra sociedad se venda a los seres humanos a un mejor postor. Los seres humanos no son animales como para venderse o intercambiarse por bienes o servicios, esta sociedad no puede estar solo de “espectadora” ante hechos como este del que estamos hablando.

Como propuesta, se tiene que parar lo antes posible, la venta de mujeres en la Montaña de Guerrero, esa debe ser la voz de toda la sociedad guerrerense, para ello también deben de hacer sus trabajos las instituciones públicas que funcionan con dinero de nuestros impuestos. Es aquí también en donde los grupos feministas deben de poner el grito en el cielo y exigir a toda costa que se respete la integridad física de las niñas que son vendidas o intercambiadas allá en los municipios que se rigen por usos y costumbres.

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