Editorial
Ni duda cabe decir que en México la ley se aplica diferente para ricos o poderosos que para el común de la gente y que la Justicia, con el brazo que creíamos menos contaminante, también se vende al mejor postor. Lo anterior, porque resulta asombroso la rapidez con que actuó el Congreso de Tamaulipas en el inicio de un juicio de procedencia en contra del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, acusado por la Fiscalía General de la República de tres delitos federales graves (delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada). Está bien que vaya a la cárcel y que se le enjuicie, pero, sorprende que, fue prácticamente en cuestión de horas y sin investigación de por medio. Después de esto, uno se pregunta: ¿por qué no actúan con la misma rapidez contra los jueces o magistrados que, por corrupción, liberan a políticos y asesinos influyentes? Imaginemos qué hubiera sucedido si Cabeza de Vaca no se hubiera enemistado con AMLO y el procedimiento hubiera sido contra cualquier funcionario menor. Seguramente los diputados de Morena ni si quiera hubieran sometido a votación el tema.
