Editorial
A pesar de que cuando AMLO tomó protesta como presidente dijo que para su gobierno sería una prioridad la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos, sigue sin dar resultados, pues los principales actores políticos de Guerrero siguen libres. El fracaso de dicha prioridad beneficia a los involucrados, pues el delito de desaparición forzada de personas tiene penas que inician a partir de meses de sentencia, lo que habla de impunidad. Si el delito se castigase con cárcel mientras durase la desaparición, haría que delincuentes y autoridades lo pensaran bien antes de involucrarse. La prioridad debe ser acabar con la impunidad. Es seguro y muy claro que volver al País al Estado de derecho no es una tarea fácil después de haber sido gobernador por el PAN y el PRI. Lo cierto es que la descomposición lacera y hoy los ciudadanos no vemos a quién apoyar en la lucha social de los padres. Seguimos creyendo en la institucionalidad, pero ya no en los partidos. Por ello la pregunta ¿quién puede?, porque si nadie responde suena al fin de nuestras instituciones.
