Editorial
La clase alta, políticos, funcionarios públicos, empresarios y hasta eclesiásticos de alta jerarquía, no sufren ninguna molestia por las errantes que comenten los encargados de impartir justicia; sin embargo, los que salen todos los días a partirse el lomo, entienden que es necesario que se haga algo con nuestro sistema penal. Basta con recordar casos como el de la ciudadana que estuvo presa desde 2011 hasta el 2014, en las Islas Marías, por pagar una libreta con un billete falso de 100 pesos, el cual pudo haber llegado de diversas fuentes sin que ella estuviera involucrada en un delito. Si esto le pasa a un rico, un familiar de un político o a un influyente, ni 24 horas hubiera estado en prisión. Ojalá que por esta clase de abusos en las condenas sean vigilados de cerca y permanentemente por una oficina dependiente de la Presidencia de la República. La justicia que llega tardía no es justicia y la absolución de la víctima es la condena del juez.
