Editorial
La Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Austeridad Republicana que llegó como minuta del Senado de la República. Dicha ley elimina las pensiones a expresidentes de la República, prohíbe la contratación de seguros médicos y de vida y evita el engrosamiento del aparato burocrático, entre otras cosas. Uno de los puntos de conflicto de la oposición fue la prohibición al exfuncionario público que, al término de su gestión, no puede emplearse en empresas que tengan que ver con la materia de su trabajo en el gobierno, por lapso de 10 años. Con ello lo que se busca es el uso de información privilegiada sobre actos de gobierno y que pueda ser utilizada luego al emplearse en empresas privadas, como sucedió, por ejemplo, con Ernesto Zedillo quien luego de privatizar ferrocarriles nacionales terminó trabajando para una empresa norteamericana del ramo. Otro ejemplo es el de Felipe Calderón quien trabajó para empresas del sector energético. Y así como ambos expresidentes, hay casos de una decena de exsecretarios de estado que hoy están en la iniciativa privada y antes formaron parte del gobierno y por lo mismo tuvieron acceso a información exclusiva o privilegiada.
