*Desplazados de los municipios de Leonardo Bravo y Zitlala, llamaron a los gobiernos federal y estatal, así como al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, a resolver el problema de inseguridad en sus localidades para que más de 84 familias puedan regresar a sus casas, luego de nueve meses de haber huido ante la presencia de grupos del crimen organizado; ejecutan a ex empleada que denunció acoso sexual en la SSP de Acapulco
Chilpancingo de los Bravo, Gro., 28 de Agosto de 2019.- Desplazados de Leonardo Bravo y Zitlala llamaron a los gobiernos federal y estatal, así como al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, a resolver el problema de inseguridad en esos municipios para que más de 84 familias puedan regresar a sus casas, luego de nueve meses de haber huido ante la presencia de grupos del crimen organizado.
En conferencia de prensa en Chilpancingo, el representante del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández, dijo que la propuesta del gobierno federal de dialogar con grupos de autodefensa representó una esperanza para los desplazados, pero esta murió cuando se informó que se había cancelado.
La representante de las familias desplazadas de Los Morros, comunidad de Leonardo Bravo, pidió al gobierno federal que los incluya en su estrategia, que se garantice su regreso a sus lugares de origen, se reparen los daños, se instalen perímetros de vigilancia de la Guardia Nacional y se garantice la seguridad en la Sierra de Guerrero.
Manuel Olivares exigió al secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, que atienda la solicitud que le enviaron desde el 16 de agosto y les explique la propuesta del gobierno para las familias desplazadas.
En la conferencia, realizada en las instalaciones de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, también estuvieron familias desplazadas de Tlaltempanapa, localidad de Zitlala, quienes también pidieron seguridad de la Guardia Nacional y no de grupos comunitarios.
Además se acusó al gobierno de Leonardo Bravo, encabezado por el alcalde Ismael Cástulo, de no tomarlos en cuenta para la reunión que supuestamente se efectuó el martes en Chichihualco con representantes de la Guardia Nacional.
EJECUTAN A EX EMPLEADA QUE DENUNCIÓ ACOSO SEXUAL EN LA SSP DE ACAPULCO
La mujer que murió en un hospital del puerto tras ser baleada en la avenida México de la colonia Cumbres de Figueroa, la mañana de este miércoles, fue agredida directamente por un sicario profesional que se hizo pasar por vendedor de bolillos.
Se informó que el ataque ocurrió en el estacionamiento del Infonavit Farallón, donde efectivos localizaron un automóvil Nissan tipo March, color gris, junto a una mancha de sangre y un canasto con bolillos, así como tres casquillos percutidos.
En un comunicado, el gobierno de Acapulco identificó a la víctima como Marlene Gil Bustos y condenó el crimen, pero aclaró que no era policía municipal, pues “desde febrero del presente año había causado baja en la Secretaría de Seguridad Pública, en la que se desempeñaba como auxiliar administrativo”.
Asimismo confió en que “las autoridades ministeriales lleven a cabo una investigación puntual de los hechos, de manera que pueda sancionarse al o los responsables de este atentado”.
Acoso sexual y laboral son las constantes en la dirección de la Policía Auxiliar Preventiva de Acapulco, denunció el pasado mes de abril un grupo de trabajadoras municipales víctimas de depravado director protegido por el secretario de seguridad en Acapulco, entre ellas estaba la mujer asesinada de ayer.
“Adela Román no manda en Acapulco, las órdenes vienen de más arriba”, advirtió José Luis Lucero Arias a sus subalternos cuando se enteró que varias mujeres, a las que acosó y que no cedieron a sus bajos instintos, presentaron un escrito a la presidenta municipal para solicitarle su intervención, dejando claro que es inamovible y que de nada servirá que respalden las acusaciones.
Las trabajadoras adscritas a la Dirección de la Policía Auxiliar a cargo de Lucero Arias, una de ellas sindicalizada y seis supernumerarias con 8 y 14 años de antigüedad laboral, acusaron hace unos meses que el citado mando policiaco comete contantes abusos que atentan contra la dignidad humana del personal administrativo y operativo.
Marlene Gil Bustos, quien ayer fue ejecutada, en ese entonces informó que tuvo a su cargo durante varios años el área contable, reveló que fue acosada constantemente con proposiciones sexuales por José Luis Lucero. Dice la mujer que desde el primer día que tuvo contacto con él su vida se convirtió en un infierno.
“Siempre me quería saludar de beso y varias veces intentó tocarme, me invitaba a salir y me decía que deseaba pasar un buen rato conmigo”, recuerda la agraviada a quien constantemente le remarcaba que le atraía sexualmente diciéndole: “Chiquita bonita estás bien buena”.
Y del acoso sexual pasó al hostigamiento laboral, amenazándola con que subiera a la patrulla que el director tiene bajo resguardo, para participar en operativos de prevención del delito por la ciudad, actividad que no es competencia de la Policía Auxiliar Preventiva.
“La Auxiliar (corporación que forma parte de la Secretaría de Seguridad Pública) presta servicios a empresas y particulares que solicitan protección y vigilancia física, a pesar de ello los elementos varones son obligados a participar en recorridos de seguridad por la ciudad violando sus derechos humanos en claro abuso de autoridad por parte del director”, advirtió la mujer acosada, que por las presiones de su jefe y ante la negligencia de la alcaldesa Adela Román tuvo que renunciar a su cargo y ayer fue ejecutada por un sicario profesional que se hizo pasar por bolillero.
Otras trabajadoras adscritas a la dirección de la Policía Auxiliar Preventiva acusaron que José Luis Lucero desde que llegó las encerraba en su oficina para intimidarlas preguntándoles sobre su vida personal. “Súbete al barco y no pasará nada”, dicen que es la frase favorita del jefe policiaco para convencer a sus víctimas con intención de manosearlas antes de llevarlas a la cama.
Las hermanas Eledy Shantal y Ana Barbara Rojano Ramos, son otras de las acosadas que, junto con Marlena Gil Bustos firmaron una carta, con fecha del 16 de enero del presente año, en la que solicitan a la presidenta municipal Adela Román Campo intervenga y frene los abusos del director de la Policía Auxiliar Preventiva.
Las agraviadas confían en que la alcaldesa ponga orden, a pesar de que José Luis Lucero ha dicho que él recibe órdenes de más arriba y que no le puede hacer nada la presidenta. “Aquí no manda Adela”, dicen que se ufana en gritar Lucero Arias manoteando sobre el escritorio para amedrentar y someter a las trabajadoras administrativas y operativas. Algunas mujeres por necesidad de seguir en el empleo han cedido y complacen al lujurioso jefe quien ha convertido su oficina en prostíbulo para dar rienda suelta a sus bajos instintos.
Las tres citadas mujeres que firmaron el escrito dirigido a la presidenta municipal, y otras más que no lo hicieron por miedo y que fueron usadas para contar la vida íntima de sus compañeras y proporcionar fotos que publican en redes sociales al nuevo director, han sido puestas a disposición del departamento de Recursos Humanos del gobierno municipal por no querer “subirse al barco” del director de la Policía Auxiliar Preventiva de Acapulco.
