Editorial
Desde hace años el Congreso de la Unión ha intentado someter a revisión anual a las gaseras, aunque al menos tendría que ser trimestral. En contraste, nada se sabe sobre acciones de la Profeco contra los trabajadores de pipas de gaseras que roban impunemente. En un análisis realizado el año pasado sobre la cantidad sustraída, indica que el kilo de gas cuesta 12.98 pesos y si le ordeñan 5 kilos, el robo es por 64.90 por cilindro, por 30 de cada camión la cantidad aumenta a mil 947 pesos, y si las unidades realizan dos viajes al día, el atraco sube a 3 mil 894. Ojalá los diputados pronto legislen al respecto, porque parece que la Profeco insiste en ratificar su condición de elefante blanco, pues cada vez son menos las personas afectadas que acuden a denunciar los abusos, pues afirman que sólo pierden su tiempo en acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor, instancia que sólo demuestra su incapacidad o de plano favorece a las demás dependencias, debido a la lentitud en que atienden los procesos de queja.
